Cada vez son más los muertos, los heridos y los detenidos por las protestas de mes y medio en Venezuela. Y cada vez son más los políticos de oposición en la cárcel.
Líderes nacionales, voceros y alcaldes de oposición son acusados de promover la violencia y no cumplir sus funciones como garantes de la estabilidad.
Pero ellos, y los miles de seguidores que aún se reúnen en las calles para apoyarlos y pedir cambios, creen que la justicia está politizada y son víctimas de los «atropellos» de un sistema que consideran corrupto y autoritario.
En la noche del miércoles, dos alcaldes de oposición durmieron no muy lejos de la celda del líder opositor
Leopoldo López, que lleva más de un mes preso, en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, después de ser arrestados por las autoridades.
Sus detenciones fueron calificadas por líderes opositores como un «golpe de Estado municipal».
A ellos se añaden otro líderes de la oposición -como la diputada María Corina Machado- que si bien no están en la cárcel, mantienen procesos judiciales que los acusan de estar detrás de la violencia que ha dejado 31 muertos, 461 heridos y 1.854 detenidos a lo largo de Venezuela, según los últimos números de la Fiscalía.
¿Acaso nos dirigimos hacia la ilegalización de la oposición venezolana?
«Cómplices»
El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, dijo en la mañana del jueves que las detenciones de los alcaldes obedecieron a decisiones de la justicia, no del gobierno.
Uno de ellos es Daniel Ceballos, alcalde de la ciudad más afectada por las protestas, San Cristóbal, capital del estado de Táchira, en el oeste del país. Lo acusan de rebelión y asociación para delinquir. Y lo arrestaron, según sus asesores, sin orden de captura.
El otro alcalde es Enzo Scarano, del municipio de San Diego, en el estado de Carabobo, quien recibió una condena de 10 meses y 15 días de prisión por desacato.
Los dos alcaldes fueron advertidos el lunes por el Tribunal Supremo de Justicia de que si no acababan con las guarimbas, aquellas trancas de la calle que se usan como forma de protestas en Venezuela, serían enjuiciados y condenados.
Y dentro de esa advertencia están otros alcaldes opositores como Ramón Muchacho, de Chacao, Gerardo Blyde, de Baruta, y David Smolansky, de El Hatillo, todos municipios de la Gran Caracas.
Para el oficialismo, es evidente que estos dirigentes son cómplices de las guarimbas que llenaron de barricadas, basuras y violencia las calles de estas municipios.
El analista Nicmer Evans, en conversación con BBC Mundo, dice que dicha complicidad se demuestra en que las guarimbas solo se hayan mantenido en estos municipios.
«En Libertador, que es un municipio (de Caracas) gobernado por un oficialista, se han dado casos pero se ha articulado la acción nacional con la municipal para que no se desarrollen, o sean pacíficas las protestas», señala.
Y mientras los dirigentes municipales son considerados cómplices, los líderes nacionales, como Machado y López, son acusados de promotores.
Justicia parcializada
Pero en la oposición se cree que hay una persecución judicial y que la justicia responde a intereses políticos.
Algo que Evans reconoce: «Desde que se sembró la cultura democrática la cooptación de los poderes judiciales, que son designados por la Asamblea Nacional, responden a tendencias partidistas».
De hecho, el mismo presidente Hugo Chávez argumentó parte de su constituyente de 1998 en que había la necesidad de despolitizar la justicia.
Pero el problema parece mantenerse: no solo en el tratamiento de los políticos involucrados, sino también de los miles de manifestantes detenidos durante las protestas, la justicia venezolana ha sido objeto de críticas por dictar medidas excesivas e influenciadas políticamente.
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Según el abogado José Ignacio Hernández, la eficiencia con que la justicia ha resuelto los casos de los abogados demuestra su parcialidad.
El también profesor y doctor en derecho le dice a BBC Mundo que «el hecho de que las detenciones se produzcan en un contexto de tensión política y que además sean por delitos políticos debería implicar una revisión muy a fondo en términos derechos humanos», asegura.
«Pero un tribunal que se ha demorado años en casos históricos, que suele ser lento en sus decisiones, ¿y ahora resuelve los casos en cuestión de días?», se pregunta.
«Es imposible no sospechar que ese rigorismo impecable no sea motivado políticamente», asegura.
Según él, más allá de si los alcaldes son culpables o no, hay suficientes indicios para sostener que hay una campaña para oprimir a la oposición través de la justicia.
Y Evans, desde su perspectiva, dice: «En cualquier parte el mundo un sector extremo que usa la violencia como herramienta para manifestar sus ideas es criminalizado».
Culpables o no, los alcaldes -y los manifestantes- parecen ser víctimas de la instrumentalización de la justicia para fines políticos.
Autor: BBCmundo
