El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un decreto que reconoce la persistencia hoy de un conflicto armado interno en el país y dispuso medidas para mantener los operativos contra la inseguridad tras concluir el estado de excepción.
Con el nuevo decreto ejecutivo, el Gobierno determinó que las Fuerzas Armadas pueden ejecutar operaciones militares para «prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional».
Asimismo, la normativa determina que la Policía y el Ejército continúen con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados o terroristas.
El Ejecutivo también indicó que es necesario establecer un presupuesto plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros.
El presidente Noboa, además, declaró a los centros penitenciarios como zonas de seguridad, como ya hizo el pasado 7 de marzo, cuando extendió por 30 días más el estado de excepción, que comenzó en enero.
Con esta disposición, los militares y policías estarán a cargo de «la seguridad intramuros y extramuros, física y procedimental» de las cárceles.
El estado de excepción decretado el 8 de enero duró 90 días y terminó el 6 de abril a las 23:59 y en ese momento finalizaron restricciones como el toque de queda que regía todavía en ciudades como Quito y Guayaquil, las más grandes del país.
Pese a la militarización, los secuestros y las extorsiones se multiplicaron en algunas ciudades durante los 90 días del estado de excepción y existen denuncias de abusos de derechos por parte de uniformados.
Sin embargo, el Gobierno asegura que las muertes violentas de manera general sí disminuyeron a nivel nacional, aunque durante la Semana Santa la Policía registró 137 asesinatos.
En varias ocasiones expertos en materia de seguridad advirtieron que los estados de excepción no son la solución a la violencia, sino que son necesarias otras medidas para resolver la raíz del problema, desigualdad, pobreza, desempleo, falta de oportunidades.
La existencia de un conflicto armado interno estaba reconocida desde el 9 de enero pasado, cuando el mandatario catalogó como terroristas a 22 bandas del crimen organizado a raíz del ataque armado al canal TC Televisión.
Desde entonces, se reportan más de 13 mil detenidos, de ellos 280 por terrorismo, según cifras oficiales de marzo, las más recientes disponibles.
Por otro lado, Noboa apuesta por la consulta popular marcada para el 21 de abril con el supuesto objetivo de adoptar otras acciones contra la inseguridad, si bien su propuesta es considerada innecesaria y engañosa por diferentes organizaciones políticas y sociales.
