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Gobierno de Venezuela rechaza renovación de orden ejecutiva de EEUU

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Gobierno de Venezuela rechaza renovación de orden ejecutiva de EEUU

Venezuela rechazó hoy de manera enérgica la renovación de la Orden Ejecutiva que desde el año 2015 utiliza Estados Unidos para justificar una sostenida campaña de agresión contra el pueblo venezolano, en violación del derecho internacional.

El Ministerio para las Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que ello se constituye en un «caso de castigo colectivo».

Con esta «acción innecesaria, absurda y hostil», queda demostrado que el liderazgo decadente de Washington no está en capacidad de diseñar una política exterior coherente que no se base en la coerción, el chantaje o el irrespeto, indicó.

La nota expresó que teniendo la oportunidad de «corregir errores e injusticias del pasado», que incluso afectan sus propios intereses, la Casa Blanca opta por continuar aplicando su «terrorismo económico» a través de sus más de 930 medidas contra la República bolivariana.

Subrayó que «Estados Unidos es hoy rehén de sus propias políticas de agresión».

El texto apuntó que la crisis migratoria ante la cual tantos operadores políticos manifiestan preocupación,  no  es  si no,  consecuencia directa e inmediata de sus medidas coercitivas y bloqueos.

No se puede esperar otra cosa de un Gobierno que «normaliza y banaliza el genocidio contra el pueblo palestino» o que se muestra indiferente ante la pérdida progresiva de los derechos civiles de sus minorías, remarcó.

Aseguró que el pueblo venezolano «no se ha doblegado ante estas agresiones ni lo hará jamás» y aseveró que su moral, conciencia y constancia son la base sólida sobre la cual continúa construyendo victorias.

El Gobierno de la República Bolivariana enfatizó que «no importa lo que haga Estados Unidos» y certificó que «Venezuela es un país decidido a ser libre y prevalecerá».

En marzo de 2015 el presidente Barack Obama (2009-2017) firmó la Orden Ejecutiva 13692 que declaró a la nación sudamericana una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior» del país norteño.

Esta decisión sentó las bases jurídicas, políticas y administrativas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Caracas.