Con 349 votos a favor y 186 en contra, el Parlamento francés aprobó este martes un proyecto de ley migratoria de línea dura, respaldado por la ultraderecha e impulsado por el presidente Emmanuel Macron, quien se enfrentó a una rebelión dentro de su propio partido por la controvertida iniciativa.
La ley facilita al Gobierno la deportación de los migrantes irregulares y endurece el acceso de los extranjeros a las ayudas sociales, condicionando ciertas prestaciones a la estancia obligatoria de cinco años en Francia, o de 32 meses para aquellos que tengan trabajo.
También se introducen las cuotas de migración, que dificultarán las posibilidades de los hijos de migrantes de obtener la ciudadanía francesa, y se podrá despojar de la nacionalidad francesa a los ciudadanos condenados que tengan doble nacionalidad.
«El texto migratorio ha sido votado definitivamente. Un largo combate para integrar mejor a los extranjeros y expulsar a aquellos que cometieron actos de delincuencia. Es un texto fuerte y firme», destacó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, en su cuenta de X.
Al mismo tiempo, la ley permitirá obtener permisos de residencia y empleos en sectores con escasez de mano de obra a entre 7.000 y 10.000 migrantes indocumentados anualmente.
El Gobierno centrista de Macron no tiene mayoría en el Parlamento, y la semana pasada la oposición rechazó el proyecto de ley sin debatirlo en la Asamblea Nacional, la Cámara baja. El Gobierno buscó un acuerdo con los legisladores republicanos, que impulsaron un enfoque intransigente. Muchos vieron en las negociaciones un giro a la derecha del Ejecutivo.
Los defensores de los migrantes criticaron la legislación por sostener que incumple sus derechos fundamentales. Amnistía Internacional de Francia indicó que «se dan todas las condiciones para una ley que es más perjudicial que nunca para los derechos de las personas que viven en el exilio».
