La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación disciplinaria en contra del canciller, Álvaro Leyva, y el secretario general de ese despacho, José Antonio Salazar, por presuntas irregularidades en la suspensión de un proceso de licitación de pasaportes.
La Sala Disciplinaria de Instrucción, según un comunicado de la Procuraduría, señaló que al declararse «desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento», Leyva y Salazar podrían haber «vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria».
Según el organismo, el titular de Exteriores y el secretario general de ese ministerio «posiblemente pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad».
Para determinar si hubo responsabilidad de ambos en la decisión, el ente solicitó pruebas y buscará determinar si lo ocurrido constituye una falta disciplinaria y «si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad».
Leyva, recoge la página web de la Cancillería, consignó el pasado 14 de septiembre la resolución 7.541, en la que declaró «estado de urgencia manifiesta», que permite hacer una contratación directa, «por motivos de fuerza mayor», con el fin de garantizar el suministro de pasaportes en Colombia, por doce meses.
Esta decisión se tomó tras declarar desierta la licitación de pasaportes que se había abierto en mayo pasado.
