Tres días después del mayor asalto contra la democracia en Brasil por parte de bolsonaristas radicales, las autoridades reforzaron la seguridad ante la amenaza de nuevas protestas, mientras se espera la inminente entrada en prisión de Anderson Torres, exjefe de Seguridad del Distrito Federal (DF), un estrecho aliado de Jair Bolsonaro.
«Determinamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones», comentó el ministro de la Presidencia, Rui Costa.
En rueda de prensa, Ricardo Cappelli, interventor de seguridad publica, aseguró: «Los actos del domingo no se van a repetir».
Por su parte, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prohibió el bloqueo del tránsito en todo el país o acceso a entidades públicas y ordenó prisión contra todos aquellos que desobedezcan.
También fueron destituidos 13 uniformados presentes en la invasión de la sedes de los tres poderes y que fueron designados por Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro y le secundó en su campaña de descrédito del sistema electoral, uno de los principales motivos del asalto del domingo.
