BUENOS AIRES, Argentina (AP) — La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue declarada culpable y sentenciada el martes a 6 años de prisión y una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos por un esquema de fraude que desfalcó 1.000 millones de dólares a través de proyectos de obras públicas durante su presidencia.
Un panel de tres jueces encontró al líder peronista culpable de fraude, pero rechazó el cargo de dirigir una organización criminal, por lo que la sentencia podría haber sido de 12 años de prisión. Es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado por un delito mientras estuvo en el cargo.
La sentencia no es firme hasta que se decidan las apelaciones, un proceso que podría llevar años. Mientras tanto, permanecerá inmune al arresto, siempre que pueda seguir siendo elegida.
Sus partidarios prometieron paralizar el país si la condenaban. Obstruyeron el centro de Buenos Aires y marcharon hacia el edificio de la justicia federal, tocando tambores y gritando mientras presionaban contra las barreras policiales.
Fernández negó rotundamente todas las acusaciones. Líder dominante de Argentina este siglo, fue acusada de otorgar indebidamente contratos de obras públicas a un magnate de la construcción estrechamente vinculado a su familia.
El veredicto seguramente profundizará las fisuras en la nación sudamericana, donde la política puede ser un deporte sangriento y el líder populista de 69 años es amado u odiado.
Los fiscales dijeron que Fernández dirigió de manera fraudulenta 51 proyectos de obras públicas a Lázaro Báez, un magnate de la construcción y aliado temprano de ella y su esposo Néstor Kirchner, quien se desempeñó como presidente de 2003 a 2007 y murió repentinamente en 2010.
Báez y miembros de su administración presidencial de 2007-2015 se encuentran entre una docena de personas acusadas de unirse a Fernández en la conspiración.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que la empresa Báez se creó para malversar ingresos a través de proyectos licitados incorrectamente que sufrieron sobrecostos y en muchos casos nunca se completaron. La empresa desapareció después de 12 años en el poder de los Kirchner, dijeron.
En Argentina, los jueces en tales casos suelen pronunciar veredictos y sentencias primero y luego explicar cómo llegaron a su decisión, pero dada la presión pública en este caso, podrían ofrecer algunos detalles antes de que se lea en voz alta la decisión completa del panel en febrero. Después de eso, el veredicto puede ser apelado ante la Corte Suprema, un proceso que podría llevar años.
El encuestador Roberto Bacman, quien dirige el Centro de Estudios de Opinión Pública de Argentina y apoyó la campaña del actual presidente Alberto Fernández, dijo que los partidos de oposición han estado esperando hacer campaña llamándola condenada, además de ladrona y puta.
Y Cristina Fernández, quien el mes pasado comparó a sus jueces con un “pelotón de fusilamiento”, está lista para hacerse la víctima, caracterizando al poder judicial como un peón de las fuerzas de derecha, incluidos los medios de oposición y Mauricio Macri, quien la sucedió como presidente, dijo Bacman. .
“Entonces ya sabemos cómo la van a atacar y también cómo la va a defender el kirchnerismo, que es considerarla una víctima del “lawfare”, como Lula (el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva) enfrentó en Brasil o lo que el enfrenta actualmente el expresidente de Ecuador (Rafael Correa), dijo Bacman.
De cualquier manera, sigue siendo la líder singular de la facción izquierdista del movimiento peronista. Bacman dijo que sus encuestas muestran que el 62% quiere que la eliminen y el 38% la apoya, pase lo que pase.
Mientras tanto, otros casos siguen pendientes en su contra, incluido un cargo de lavado de dinero que también involucra a su hijo e hija.
