El periodista y abogado Namphi Rodríguez entiende que el proyecto de ley de extinción de dominio debe ser orgánica porque afecta un derecho fundamental que es el derecho de propiedad y que además, está enunciada como instituto jurídico en el artículo 51 de la Constitución, que se encuentra dentro del plexo de los derechos fundamentales.
Señaló que estos debates suelen tornarse un poco maniqueístas, de grupos que apoyan y otros que están en contra, pero que en una cuestión tan seria debe haber racionalidad.
“En una cuestión tan seria, creo que esto amerita un punto de racionalidad. En República Dominicana tradicionalmente se ha denunciado que hay una gran cantidad de capitales de dudosos orígenes en la actividad política, empresarial y en otras”, dijo el jurista, durante su participación en el programa Reseñas, con los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez, que se transmite por Entelevisión los sábados a las 9:00 de la noche.
Apuntó que ese ha sido el resultado de que en el 2017 se aprobara la Ley de Lavado de Activos y en la reforma del 2010 se incluyó la figura de acción de dominio dentro del derecho de propiedad.
Explicó que el derecho de dominio es un atributo del derecho de propiedad que permite la disposición o el usufructo del derecho y recordó que el país también ha firmado algunos acuerdos en materia de extinción de dominio.
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Manifestó que desde hace tiempo se viene debatiendo la necesidad de instituir un procedimiento que permita terminar con un derecho de propiedad mediante un juicio de carácter civil sin ninguna retribución a cambio.
Apuntó que la ley tiene también por objeto homologar las sentencias que se dan en los Estados Unidos y que pronuncian decomisos de bienes, lo que implica que vendrían a República Dominicana para homologarse con un tribunal y esos bienes se transforman en dinero y se llevan al Estado norteamericano.
“Pienso que hay que ser lo más razonable y el Congreso no debería llevar esto con prisa; debería escuchar a los expertos, sobre todo a los juristas, porque aquí hay cuestiones que interesan al derecho, no a la política”, advirtió.
Como abogado en ejercicio, puso como ejemplo que esa ley tendría que proteger los intereses de los terceros adquirentes de buena fe.
