LA PAZ. Las elecciones judiciales previstas para diciembre próximo en Bolivia abrieron un nuevo frente de pelea entre los partidarios del presidente Evo Morales que defienden la transparencia del proceso y los líderes opositores que acusan al oficialismo de imponer candidatos afines al Gobierno.
La nueva polémica estalló esta semana después de que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) impusiera su mayoría en el Parlamento para elegir a los 96 candidatos aspirantes a magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Los legisladores opositores votaron nulo en la preselección y denunciaron que sus colegas oficialistas eligieron a los candidatos en función de una lista previamente acordada por el partido gobernante, algo que fue admitido por el MAS.
Los presidentes del Senado, José Alberto Gonzales, y de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, ambos oficialistas, han defendido el trabajo realizado y aseguraron que los seleccionados son los juristas mejor calificados en el proceso.
Seis líderes opositores del país, incluidos los exmandatarios Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), se pronunciaron de inmediato y llamaron a rechazar las elecciones judiciales al considerar que la preselección “estuvo viciada”.
A ese pronunciamiento también se sumaron el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997); el gobernador del departamento de Santa Cruz (este), Rubén Costas; el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.
Los seis políticos indicaron que es la segunda vez que el MAS elige a una mayoría de ciudadanos “afines o militantes” del oficialismo para ocupar la cúpula del sistema judicial con objetivos propios, entre ellos el intento de validar una nueva reelección de Morales y del vicepresidente Alvaro García Linera en 2019.
Un referendo celebrado en 2016 ya rechazó una propuesta oficialista para modificar la Constitución y permitir que Morales y García Linera busquen un cuarto mandato consecutivo.
Los partidarios del mandatario desconocen los resultados de esa consulta alegando que la gente votó engañada por una supuesta campaña sucia contra Morales y ahora analizan diversas opciones para habilitar su candidatura, algo que probablemente tendrá que definir en 2018 el Tribunal Constitucional.
Los comicios del próximo 3 de diciembre no son cosa menor, ya que los bolivianos deberán elegir en las urnas a quienes reemplazarán a las autoridades judiciales escogidas en 2011 mediante un proceso similar -e igualmente criticado-, en pos de lograr la reforma de la Justicia boliviana.
La votación de ese año tuvo resultados que derivaron en una profundización de la crisis crónica de la administración de la Justicia, cuestionada de forma generalizada por diversos sectores, algo que el Gobierno también ha reconocido.
El vicepresidente García Linera criticó el pronunciamiento de los seis opositores y afirmó que la campaña por el voto nulo busca que no cambie el sistema judicial actual con jueces corruptos.
También acusó a Mesa, Quiroga, Doria Medina y Cárdenas de haber participado en el pasado de “vergonzosos” repartos partidarios de cargos en el Poder Judicial.
En declaraciones a Efe, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón consideró que los “cuoteos” de cargos judiciales que se hacían en el pasado estaban mal, pero opinó que lo que ocurre ahora “es peor”.
“Antes se repartían entre unos cuantos partidos políticos los cargos judiciales. Era malo eso, pero por lo menos había cierto nivel de equilibrio, mínimo, pero había. En cambio, ahora hay una aplanadora azul de dos tercios”, sostuvo el jurista, en alusión a la mayoría oficialista parlamentaria y el color de esa fuerza.
Alarcón, que fue viceministro de Justicia en el Gobierno de Mesa, sugirió que la “única forma correcta de resolver esta dicotomía”
entre oficialismo y oposición sobre las elecciones judiciales es incluir en la papeleta “la opción por el voto Ninguno”.
Recordó que en los comicios judiciales de 2011 se impusieron los votos nulos y en blanco que, no obstante, solo figuraron en las estadísticas, pues los jueces que lograron más sufragios llegaron a ocupar los altos cargos en los tribunales.
Si en las elecciones de diciembre se impone el voto “Ninguno”, se debería hacer una nueva preselección de postulantes y repetir la votación, pero si la cantidad de votos válidos de los candidatos es mayor, “se aplica la regla de la simple mayoría y se los inviste en el cargo de jueces”, explicó el exviceministro.
Para Alarcón, el “más interesado” en que las elecciones judiciales no se vuelvan a convertir en una especie de “plebiscito”
contra Morales debería ser el mismo Gobierno.
Al contrario, según el Ejecutivo, nunca como ahora hubo una participación amplía sometida a fiscalización, aunque en el fondo no sea decisiva por la mayoría del partido de Morales. Agencias
