PUERTO RICO. Tras meses de peticiones del gobierno de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos ha aceptado ayudar al territorio a reestructurar su enorme deuda pública. Pero a cambio de un alto coste: perder un cierto grado de soberanía con la imposición de una junta de control fiscal, así como la introducción de un posible salario mínimo más bajo para los trabajadores jóvenes de la isla.
Las cláusulas del acuerdo bipartisano pretenden evitar una suspensión de pagos desordenada de los 70,000 millones de deuda pública de la isla. Pero provocaron un cierto malestar en Puerto Rico, donde la gente ha soportado una década de declive económico constante y muchos sienten un resentimiento por su relación dispar con el territorio continental estadounidense.
Sin embargo, el acuerdo hizo que otros respirasen aliviados, ya que creen que podría ayudar a los puertorriqueños a reconstruir su economía al tiempo que establece un muy necesitado control sobre su gobierno.
“Debió de ser así desde hace mucho tiempo”, comentó José Jeaudoin, gerente de restaurante. “Se ha probado desde hace muchos años que el gobierno no sabe administrar. Cada vez que el gobierno controla algo, no sirve o se va a la quiebra”.
La ley establece la creación de una junta de control de siete miembros nombrada por el Congreso y el presidente, que supervisaría la reestructuración de parte de la deuda, ordenada por un juez. También exigiría que el gobierno puertorriqueño presente presupuestos y cree un plan para incorporar la responsabilidad fiscal y lograr acceso futuro a los mercados financieros. La junta también se encargaría de defender los derechos legales de los acreedores y apalancar el déficit en las pensiones, en una isla que tiene un agujero en su sistema de pensiones de más de 40.000 millones de dólares.
La ley estadounidense impide a las agencias públicas y municipios de Puerto Rico declararse en bancarrota y reestructurar su deuda bajo supervisión judicial.
“La situación es desesperada”, comentó Valerie Franklin, propietaria de una tienda de recuerdos. “Ahora mismo sólo trabajamos para pagar impuestos. Sólo sobrevivimos”.
Los defensores del texto afirman que ayudará a reforzar la débil economía de Puerto Rico, estancada en parte desde que terminaron las exenciones fiscales estadounidenses para manufactura. La retirada de esas ventajas desencadenó una dura espiral de declive económico, que a su vez hizo que miles de puertorriqueños se mudaran al continente.
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes podría votar el proyecto de ley a partir de la semana que viene. Si es aprobada, iría al pleno de la Cámara y después al Senado. Algunos de los representantes republicanos más conservadores parecen dispuestos a apoyar el acuerdo, pero los senadores aún no han indicado si aprobarán la iniciativa de la Cámara de Representantes o escribirán su propia versión.
El objetivo es aprobar la ley antes de que Puerto Rico incumpla un plazo de deuda de 2,000 millones de dólares, que cumple el próximo 1 de julio. La isla ya ha incumplido tres pagos más pequeños, incluido uno de 367 millones que vencía este mes.
El gobernador, Alejandro García Padilla, dijo que si la ley se aprueba sin cambios, protegerá a Puerto Rico de cualquier demanda tras el esperado incumplimiento del 1 de julio. Pero señaló que piensa combatir algunas de sus cláusulas, como la que establecería una junta de control fiscal, cuyos miembros, señaló, no serían elegidos por el público.
“La junta tiene poderes excesivos”, señaló. “Tenemos que seguir luchando”.
García propuso una junta con un papel supervisor, que permitiría al gobierno puertorriqueño tener la última palabra sobre sus finanzas. Las actuales cláusulas del plan, afirmó, “no son consistentes con los principios democráticos básicos de nuestro país”.
Otros miembros del gobierno expresaron estas preocupaciones, como Eduardo Bhatia, presidente del Senado de Puerto Rico. Bhatia pidió a los puertorriqueños que se alzaran y rechazaran el plan, que describió como desproporcionado y antidemocrático.
“El que crea que sacrificando la democracia va a lograr estabilidad económica, que sepa que al final no va a tener ninguna de las dos”, afirmó.
Otra gran preocupación de algunos miembros del gobierno y jóvenes puertorriqueños es una cláusula que permitiría al gobierno local reducir temporalmente el salario mínimo, de modo que los negocios puedan pagar 4,25 dólares la hora a empleados menores de 20 años en su primer trabajo. La ley establece que la edad límite puede ampliarse de forma automática a los 25, y se puede pagar el salario mínimo durante hasta cuatro años si es necesario. El salario mínimo actual de la isla va de los 5,08 y los 7,25 dólares la hora.
Las voces críticas señalan que los trabajadores apenas pueden mantenerse con el salario mínimo actual, dado el coste de la vida en el territorio.
“Está súper mal”, dijo Jaileen Trinidad, empleada de restaurante de 23 años. “Nos hemos preparado. Yo tengo un bachillerato… Me afectaría mucho porque mi bebé depende de mí”.
Los puertorriqueños temen que reducir el salario mínimo agrave el éxodo al territorio continental en lugar de ayudar a crear más empleos en casa.
Gabriel Hernández, repartidor de comida de 19 años, señaló que la medida impedirá que los jóvenes se aseguren un futuro.
“No podrían salir adelante para comprar un carro, para comprar materiales para la escuela, para comprar una casa”, explicó.
Pero es improbable que el apartado sobre el salario mínimo sufra cambios. La propuesta de ley fue revisada durante semanas de negociaciones y ahora tiene el apoyo del presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, la líder demócrata en la cámara Nancy Pelosi y el secretario del Tesoro, Jacob Lew.
Los desacuerdos sobre el nombramiento de la junta demoraron las negociaciones. Según el nuevo texto, el presidente Obama escogería a todos menos uno de los miembros de listas proporcionadas por los cuatro líderes republicanos y demócratas de la Cámara y el Senado. Si Obama no elige de entre esas listas, los candidatos requerirán confirmación del Senado.
Mientras los parlamentarios federales se preparaban para otra ronda de debates, puertorriqueños como el artista Richard Daal se mostraron ansiosos de ver la ley aprobada.
“Aquí han demostrado que no tienen la competencia ni la facultad de manejar la isla”, afirmó. “Es como un negocio. Si no lo maneja bien, alguien más debería hacerlo”. Agencias
