El empresario Ramón Báez Figueroa solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar acciones legales contra el proceso de liquidación del Banco Intercontinental (Baninter), según informaron medios locales.
En una carta dirigida a la procuradora general de la República Dominicana, Miriam Germán Brito; a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso y al director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; Báez Figueroa enumeró a las personas que espera que sean investigadas por la Procuraduría General de la República.
La solicitud incluye dos altos funcionarios del Banco Central. Esto, por alegadas anomalías en el proceso de liquidación de los activos del quebrado Banco Intercontinental, conocido como Baninter.
En la instancia Baéz Figueroa explicó que sospecha que hubo un manejo irregular de al menos 80 millones de dólares por parte de la comisión liquidadora de los activos del Baninter en una posible complicidad del gerente y contralor del Banco Central, Ervin Novas Bello y José Manuel Teveras Lay, respectivamente.
Entre las empresas que pide investigar figuran el grupo Najri, Delta Comercial y Scotiabank. Además, al el exgobernador del Banco Central, José Lois Malkún, entre otras personalidades.
En el recurso pide procesar a los identificados y las empresas por asociación de malhechores, testaferrato, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, soborno y coalición de funcionarios.
Báez Figueroa asegura que en la venta de la empresa Delta Comercial, que era propiedad de Baninter, al grupo Najri por un monto de 90 millones de dólares, solo se pagaron 10 millones, sin que hasta el momento se halla definido qué pasó con los 80 millones restantes.
Se recuerda que Báez Figueroa fue condenado a diez años de prisión en octubre de 2007, por cargos de abuso de confianza, tras el colapso de Baninter, y que provocó, a su vez, una crisis económica sin precedentes en el país.
El exbanquero fue puesto en libertad condicional en agosto de 2013, por el juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Queliz, teniendo como requisito presentarse el último viernes de cada mes, orden que se mantuvo hasta septiembre del 2017.
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