Dirigentes sociales de Cusco y Puno, en Perú, presentaron una demanda constitucional de amparo en contra de la presidenta del país suramericano, Dina Boluarte, por presunta criminalización de las protestas.
La demanda fue interpuesta en el Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno por el secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas, Félix Suasaca; y el secretario general de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, Salvador Merma.
Los denunciantes alegaron que la administración de Boluarte habría criminalizado las protestas en contra de su Gobierno, lo que provocó la violación de los derechos humanos de los manifestantes, reseñó La República.
En esa línea, sostiene que existen evidencias de que en las manifestaciones hay un comportamiento arbitrario de la Policía y las Fuerzas Armadas; y que se habrían vulnerado los derechos a la protesta, libertad de reunión, libertad de expresión, desenvolvimiento de la personalidad, al honor, entre otros.
La demanda también fue presentada en contra del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo; el ministro del Interior, Vicente Romero; el presidente del Congreso, José Williams Zapata; y el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez.
