Se observa como el discurso en contra de la política de manera constante se agencia adeptos, cada vez más crece la apatía por esta y hacia quienes la ejercen, a razón; es culpada injustamente por aquellos que se sienten decepcionados en la materialización de sus expectativas de mejoría, desarrollo y bienestar, prerrogativas de todo individuo.
Craso error, no ha sido la política, considerada por el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, como la ciencia más pura y digna después de la filosofía, sino aquellos que la han ejercido de manera irresponsable, desvirtuando su esencia, tergiversando su naturaleza y alterando su finalidad, utilizando la administración del Estado en provecho propio, de amigos o allegados.
El comportamiento descrito, no es un accionar vincula a la generalidad de quienes se dedican a la actividad política o militan en un determinado partido, sino a un grupo muy reducido. No obstante; su efecto negativo en la sociedad es de tal magnitud que se propaga como pólvora en el arsenal.
Lo anterior ha generado la falsa percepción de que es regla en el ejercicio político el enriquecimiento ilícito, el abuso del poder o la ausencia de profesionalización que requieren los puestos técnicos de la función administrativa pública.
En consecuencia, se avista como se pretende restringir y limitar el radio de acción de los políticos en la Administración, intentando estigmatizar el ejercicio político, al extremo de pretender convertir la membresía partidaria en un posible óbice para ocupar cargos públicos que demanden honestidad y tecnificación, aun cuando los postulantes cumplan ventajosamente con todos los requisitos establecidos para el puesto.
Las organizaciones políticas como todas las agrupaciones de personas son reflejos de una sociedad, por consiguiente, no están exenta de que sus filas pueden ser permeadas por los males que a esta afectan. Ahora bien, la proliferación de la descomposición social no es una excusa plenamente valida, los partidos en su compromiso constitucional de servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana, están conminados legalmente a implementar métodos y mecanismos que permitan detectar y rectificar a tiempo el mal proceder de sus miembros.
Los partidos políticos como escuela de pensamiento y formación, se encuentran en el deber de identificar las habilidades, destrezas y competencias conductuales de su militancia, reforzar sus conocimientos y promover su continua preparación, colocando al servicio de la sociedad hombres y mujeres con vocación de servicio público, formados para estos fines.
Amen a esto, el proceso de consolidación del derecho administrativo en la República Dominicana, exige en la función pública elevados niveles de preparación, competencias y capacidades. Por lo que su no comprensión progresivamente se convierte en dificultad para acceder y permanecer en la administración del Estado.
La vigencia del sistema de partidos políticos en una nueva sociedad, critica y participativa; entre otras cosas, está sujeta a devolver la confianza del Pueblo en la política y sus actores, elevar la calidad del quehacer político, sustentar el debate en propuestas objetivas, la vanguardia en el uso de la tecnología, la comunicación horizontal y la transparencia de sus acciones.
La actividad política y los partidos siempre serán necesarios para el desarrollo, como garantía de gobernabilidad, estabilidad social y expresión de la democracia. El acercamiento del dirigente político a las necesidades de las personas, genera interacción y contacto directo, que permite palpar en primera línea las problemáticas de la población, constituyéndose un valor agregado para el diseño, creación y ejecución de políticas públicas con calidad.
En este sentido, y para resaltar la importancia de la política en la toma de decisiones de la Administración, es pertinente citar al autor Eugenio Lahera P, consultor de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que en la serie Políticas Sociales, Política y Políticas Públicas expresó: “puede haber políticas públicas que desconsideren la política, lo que debilita la gobernabilidad social. Las políticas públicas sin política tienen un problema de diseño”.
