POR: YARIT ORTIZ
El canciller de la República, Roberto Álvarez, respondió al expresidente Leonel Fernández asegurando que las leyes migratorias del país no sufrirán cambios ante una posible aprobación del proyecto de modificación a la ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrante.
El proyecto busca solucionar el tratamiento dado a las víctimas de trata, sin embargo, no regula el refugio o el asilo, tal como indica Álvarez, “no regula el refugio o el asilo, para los cuales ya existe legislación aparte. Tampoco sustituye o modifica la Ley General de Migración 285-04. Sí tipifica con mayor claridad, alcance y severidad las infracciones de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, facilitando la persecución penal”.
En su articulo publicado en el periodico Listín Diario, el diplomático señala que, “en los cinco años anteriores a 2022, en el país se identificaron y atendieron 900 víctimas de trata, y que, de acuerdo a un estudio en once municipios, en los años 2020 y 2021, el 68% de las víctimas de trata eran de nacionalidad dominicana (es decir trata interna), el 16% eran venezolanas, el 8% colombianas, el 4% estadounidenses y solo 4% haitianas”.
Asimismo, cuestiona la ligereza con la que el líder del partido la Fuerza del Pueblo crítico la interpretación al apartado que menciona la esclavitud, donde Álvarez aclara se refiere a las actuaciones delictivas de los tratantes sobre las víctimas, al comportarse como si fueran sus dueños.
En sentido, calificó como un desacierto el pronunciamiento que atañe a las personas protegidas o identificadas y el principio de no devolución en el anteproyecto, que según tratados firmados durante los años de gestión presidencial de Fernández, debido al peligro que representa para la libertad, integridad del extranjero víctima de trata.
“Aparentemente el expresidente Fernández tiene el interés de instrumentalizar la crisis haitiana y el tema de la inmigración irregular a nuestro país. Sobre la crisis, el presidente Luis Abinader ha sido firme y consistente al reclamar ante la comunidad internacional la necesidad imperativa de asistencia a la Policía Nacional Haitiana para frenar la violencia en ese país, enfatizando que no hay solución dominicana a la crisis haitiana” dijo el canciller Álvarez.
Asegurando que su escrito tiene el objetivo de desenmascarar la hipocresía de una oposición que gobernó por 16 años consecutivos y toleró la inmigración irregular e incumplió las normas sobre la materia.
Si bien es cierto, República Dominicana se encuentra en la mira de la comunidad internacional tras su negativa a recibir haitianos ilegales en sus fronteras ante la creciente crisis económica, social y política que atraviesa Haití.
El debate político en las últimas semanas ha estado centrado en la negativa a su aprobación, el cual fue desestimado por el Poder Ejecutivo hasta lograr la búsqueda un consenso, sin embargo pese a su retiro el Congreso tiene un plazo de 45 días laborables para re introducirlo en medio del revuelo de la opinión pública y los partidos de oposición.
