El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este miércoles el establecimiento de un Gobierno de excepción en el país suramericano.
«En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia», dijo en un mensaje a la nación.
De acuerdo con el mandatario, la medida comprende:
- Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un «gobierno de emergencia excepcional».
- Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
- Se decreta toque de queda a nivel nacional desde las 22:00 horas hasta las 04:00 del día siguiente. La medida rige desde este miércoles.
- Se declara en reorganización al Sistema de Justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Castillo explicó que a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante «decretos leyes».
«Única agenda del Congreso»
El anuncio fue hecho a apenas horas antes de enfrentar una nueva moción de vacancia en el Parlamento por «incapacidad moral».
Esta sería la tercera vez que el Congreso buscaba destituir al mandatario. La primera fue desestimada en diciembre de 2021, mientras que la segunda fue rechazada en marzo pasado.
Castillo acusó en su mensaje de una «nefasta labor obstruccionista» a la mayoría de congresistas, identificados con «intereses racistas y sociales en general».
Añadió que estos «han logrado crear el caos con el fin de asumir el Gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional».
«Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana», enfatizó, al señalar que la «única agenda del Congreso», desde el 29 de julio de 2021, «ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio».
Para esa mayoría de congresistas que, dijo, representan los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, «no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerables».
Castillo señaló que desde el Ejecutivo hubo reiterados llamados al Legislativo para resolver sus «desencuentros» mediante el diálogo, la mayoría de los legisladores se ha negado y «no se han detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial».
«El Congreso ha destruido el estado de derecho, la democracia, la separación […] Modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal», expresó.
