La madrugada de este viernes se aprobó en el Congreso de los Diputados de España la reforma del delito de sedición. Se trata de una de las medidas de mayor calado que el Gobierno progresista de Pedro Sánchez puso sobre la mesa para ahondar en la desescalada del conflicto catalán.
La sedición consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones, sin que sea necesario que medie violencia.
Por ese delito fueron condenados los líderes independentistas catalanes a los que se consideró responsables del referendo de autodeterminación ilegal celebrado en 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia.
Fueron sentenciados a penas que alcanzaron los 13 años de prisión, como en el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, aunque cumplieron alrededor de cuatro años debido a que en 2021 el Gobierno decretó su indulto.
Tanto el indulto como la actual reforma del delito de sedición, que no tenía homologación con el resto de legislaciones europeas, son esgrimidas por el Ejecutivo de Sánchez como herramientas para normalizar las relaciones entre el Estado español y las instituciones catalanas. En opinión del presidente, estas medidas han logrado desinflar notoriamente el independentismo tanto en la sociedad como en la política de esa región.
