Las cuentas del Ministerio de Educación fueron embargadas por supuesto incumplimiento de una sentencia dictada en septiembre de 2014 por el Tribunal Constitucional, la cual ordenó el pago de incentivos laborales a técnicos de esta institución basándose en la evaluación de desempeño del año 2012.
El embargo fue trabado en las cuentas del Banco de Reservas, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y la Dirección de Presupuesto, a fin de que inhabiliten los 950 millones de pesos adeudados a los técnicos, a fin de garantizar la seguridad del citado cobro.
Los técnicos también presentaron una demanda en responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de Educación y su titular, Roberto Fulcar, así como del Estado dominicano, en procura de que le sean resarcidos los daños y perjuicios que les ha causado el desacato del fallo.
Durante una rueda de prensa, informaron, además, que luego, ante las gestiones realizadas ante la Unidad de Ejecución de Sentencias del Tribunal Constitucional, se designó al juez Miguel Valera Montero, como conciliador, logrando un acuerdo transaccional mediante el cual el Ministerio de Educación se comprometió a dispensar los recursos, ascendente a más de 1,600 millones de pesos.
La institución, que dirige el sistema educativo nacional, suscribió el 24 de mayo del 2022 el acta de conciliación número 0004-2022, que homologó el contrato transaccional número 0282, suscrito con los técnicos de educación.
Mediante ese acuerdo, el Ministerio de Educación se comprometió a pagarle el 50 por ciento el 30 de julio del 2022, lo cual no ocurrió.
