BARCELONA. El gobierno independentista de Cataluña aseguró este lunes tener preparada su propia agencia fiscal ante una posible separación del resto de España, lanzando de lleno su campaña para promover un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre pese a su prohibición por la justicia española.
El presidente regional Carles Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, presentaron en Barcelona el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña, un pequeño organismo reforzado en los últimos meses de cara a una hipotética secesión.
“Hoy ponemos las estructuras necesarias para que Cataluña esté preparada para hacer posible la voluntad que expresen los catalanes en el referéndum del 1 de octubre”, dijo Puigdemont en rueda de prensa.
Por la noche, también se difundió un anuncio publicitario firmado por la Generalitat (el ejecutivo) de unos diez segundos en la televisión pública.
“Vas a tener la capacidad de decidir, y renunciarás ?”, pregunta una voz, mientras la cámara avanza lentamente en una vía férrea en la que se cruzan dos vías.
También Carles Puigdemont publicó en su cuenta de Twitter un vídeo en el que el Nóbel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel brinda su apoyo a su causa. “Todo pueblo tiene derecho a su autodeterminación, a su soberanía, a su identidad”, dice.
El miércoles se espera que los independentistas, mayoritarios en el parlamento regional catalán, aprueben una ley para regular dicho referéndum, que a continuación será convocado de inmediato por el gobierno regional.
Desde Madrid, el ejecutivo del conservador Mariano Rajoy está resuelto a impedirlo, y tiene listo todo un arsenal jurídico, que puede llegar hasta la suspensión de Puigdemont y otros dirigentes separatistas.
El presidente conservador Mariano Rajoy dijo que responderá “con tranquilidad y con firmeza”, y tachó de “estafa a la democracia” la ley para posibilitar el referendo.
La estrategia del gobierno “ni parará el referéndum ni ayudará a resolver” la situación, contestó Puigdemont en un encuentro con la prensa internacional.
“A pesar de amenazas, querellas y causas judiciales hemos seguido adelante y no vamos a retroceder precisamente ahora que estamos casi al final”, añadió sin explicar cómo piensa esquivar la prohibición judicial.
Como en un partida de póquer, ambas partes se resisten a mostrar sus cartas, para mantener su capacidad de sorprender al otro.
“No le voy a contar al señor Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas”, dijo en ese sentido la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
La cuestión catalana era el lunes la gran dominante política en España tras el receso estival.
El líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, reiteró su apoyo al gobierno de Rajoy, frente a un proyecto independentista “que amenaza la democracia y la integridad territorial de nuestro país”.
Dicho esto, insistió en la necesidad de avanzar hacia una España federal.
A poco menos de un mes, uno de los grandes interrogantes es cómo hará el gobierno catalán para colocar urnas, ante amenazas de sanciones a todo aquel funcionario y empresa que participe en la consulta.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau dijo que está dispuesta a “facilitar que se pongan urnas”, aunque “sin poner en peligro” a los funcionarios municipales, jurídicamente hablando.
Otro paso más
Para los nacionalistas catalanes, la agencia fiscal es una herramienta clave para poder financiar su Estado y declarar la secesión si celebran y ganan el referéndum.
Hasta ahora su estructura era reducida, dado que el gobierno regional sólo recauda un 5% de los tributos en Cataluña, mientras que el resto corre a cargo de la administración central.
Tras la llegada de Puigdemont al gobierno en 2016, su personal pasó de 321 a 800 trabajadores y ampliaron sus oficinas de 4 a 32.
Pero el ministerio de Hacienda advirtió que aquellas personas que paguen los impuestos que deben ir al Estado a la agencia tributaria catalana, pueden ser objeto “de sanciones, incluso penales”.
Los nacionalistas aspiran a recaudar unos 2.500 millones de euros anuales en concepto de IVA e impuesto de sociedades abonados por empresas públicas catalanas. Dicho dinero, antes de ir al gobierno español, pasaría por la agencia tributaria catalana, que en caso de tensión política, podría intentar cerrar el grifo.
Según un sondeo de SocioMétrica para el diario digital El Español, publicado este fin de semana, el 50,1% de los catalanes apoya actualmente separarse del resto de España, y el 45,7% se opone.
En julio, una encuesta encargada por el gobierno regional indicaba que el 49,4% de los catalanes estaba en contra y un 41,06% a favor. Agencias
