SANTO DOMINGO.- El juez Francisco Ortega aplazó para el próximo martes 6 de junio el conocimiento de la medida de coerción para los imputados del caso Odebrecht.
La decisión obedece a una petición de los abogados del ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, de que se verifique que todas las pruebas que el Ministerio Público presentó contra el imputado Ángel Rondón fueron puestas a disposición de las barras de las defensas.
Alegaron que no habían recibido copias de las pruebas en contra de Montás que sirvieran de base para solicitar una medida de coerción.
Ortega, juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), retomó la audiencia después de haberla aplazado la pasada madrugada para que los abogados de los implicados pudieran acceder a las copias del expediente acusatorio formulado por el Ministerio Público, que pidió 18 meses de prisión preventiva para los diez imputados, quienes fueron arrestados el pasado lunes.
Los detenidos son el ministro de Industria y comercio, Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y expresidente del Senado, Andrés Bautista, un exdiputado, un exministro y varios exfuncionarios.
Asimismo, el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en el país, donde la empresa aseguró haber entregado 92 millones de dólares para acceder a contratos de obras entre 2001 y 2014.
Todos fueron traslados hasta la sede de la SJC desde el Palacio de Justicia, donde están recluidos desde la mañana del pasado lunes.
El ministerio público también imputó a dos senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a un diputado del PRM, quienes, sin embargo, no serán detenidos hasta que sus respectivas cámaras les retire la inmunidad parlamentaria, un proceso que puede extenderse hasta por dos meses.
Otro de los imputados es el ingeniero Bernardo Castellanos, que está fuera del país y este martes informó de que regresará para enfrentar las acusaciones.
En la audiencia de anoche, los abogados de los implicados en este sonado caso reclamaron la puesta en libertad de sus clientes, pero Ortega decidió mantenerlos en prisión hasta conocer las medidas de coerción solicitada ayer mismo por el Ministerio Público.
El juez también rechazó la nulidad del proceso, como solicitaron algunos abogados, bajo el alegato de que uno de los acusados, es decir, Castellanos, estaba fuera del país, además de que no había sido citado, por lo que el magistrado le excluyó del resto.
Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Las acusaciones han estremecido a la clase política dominicana, pues entre los involucrados figuran altos dirigentes de los dos principales formaciones políticos del país, el oficialista PLD y el principal de la oposición, el PRM.
Las detenciones se produjeron poco después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño. Agencias
