SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) conformó una mesa de trabajo con los importadores, distribuidores y comerciantes de juguetes para seguir las normas sobre la seguridad de estos productos, en función de la vulnerabilidad del público a los que van dirigidos.
En el encuentro participaron representantes de las principales tiendas nacionales, como Inversiones Ceilán SRL, Grupo Ramos, Almacenes Karaka, Almacenes La 70, Al Campo, Casko Import, el Mundo del Juguete, Distribuidora Corripio, La Novia de Villa, Grupo CCN, Juguetes,S A, Haila SRL y Casa Indhira.
En la reunión, encabezada por la directora ejecutiva de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, se explicaron las normativas vigentes y se acordó dar seguimiento continuo a las alertas que emite la institución con respecto a estas mercancías, así como socializar el protocolo establecido para la notificación en caso de juguetes que representen riesgos a la salud y seguridad para los niños.
Del Castillo aseguró que se está trabajando para que no se introduzcan al país juguetes que pudiesen contener riesgos a la salud por la presencia de elementos como plomo, mercurio y cadmio, químicos mortales que pueden causar la muerte.
La funcionaria ofreció, asimismo, explicaciones sobre las especificaciones que debe contener los juguetes, como la edad para su uso, manual de advertencia, precauciones, tipo de material utilizado, así como la certificación internacional que avale los requisitos legales sobre su seguridad.
Del Castillo defendió el derecho de los consumidores a la información clara y oportuna a la hora de adquirir un artículo, haciendo referencia a las normas de etiquetado, publicidad, garantía y seguridad. De igual forma, instó a los importadores, distribuidores y comerciantes de juguetes a estar atentos a las alertas nacionales e internacionales, a fin de asegurarse de que los productos que distribuyen no hayan sido prohibidos en sus países de origen.
En términos puntuales, también se abordó el tema de la publicidad y de las actividades promocionales de ventas de juguetes que deberán estar apegadas a la veracidad de la información y no podrán causar inexactitud en el mensaje o inducir al engaño que atente contra los intereses económicos de las personas.
