Según la estatal Agencia Brasil, que cita a la asesoría de prensa de la Justicia Federal del Estado de Paraná, Moro dirá el lunes mismo si acepta las denuncias de la Fiscalía de Curitiba (sur) contra el líder histórico de la izquierda, aunque disponga de una semana para hacerlo.
Se trataría de las acusaciones de corrupción y lavado de dinero relacionadas con el escándalo de Petrobras, formuladas por el fiscal Deltan Dallagnol; pero no las referidas a ser el «comandante máximo» del gigantesco esquema de sobornos, que no dieron pie hasta el momento a pedido alguno de inculpación por «formación de banda».
Sería éste el primer caso en el que Lula quede a disposición del temible magistrado que conduce la operación Lava Jato (lavadero de autos), que ya puso en el banquillo a numerosos políticos y llevó a la cárcel, con largas penas, a empresarios de primer rango.
La denuncia de corrupción está vinculada a la reforma de un apartamento tríplex en Guarujá (en el litoral del Estado de Sao Paulo), que según la acusación pertenecía a Lula, como retribución por parte de la constructora OAS por servicios prestados por el exmandatario para la obtención de contratos con Petrobras. La Fiscalía pidió también la acusación de la esposa de Lula, Marisa Leticia da Silva.
La denuncia de lavado de dinero se refiere al pago por parte de OAS, durante cinco años, de un depósito donde el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) guardaba bienes personales tras abandonar la presidencia.
Dallagnol estimó que esos servicios (por la reforma del tríplex y por el almacenamiento de bienes) equivalen al pago de «sobornos disimulados» por un total de 3, 7 millones de reales (1, 1 millones de dólares al cambio actual).
Según el diario Folha de Sao Paulo de este domingo, la denuncia por corrupción podría verse invalidada porque estaría sustentada únicamente en testimonios de «delación premiada» (a cambio de una reducción de pena) de un expresidente de OAS, Leo Pinheiro, que fueron invalidados por el fiscal general de la República a causa de filtraciones.
Lula enfrenta además una investigación por tentativa de «obstrucción a la justicia» en un tribunal de Brasilia.
Las polémicas proseguían por su lado sobre la sindicación de Lula como «comandante máximo» de una gigantesca red de corrupción destinada a perpetuar al PT en poder.
Las críticas se debieron principalmente a la «falta de pruebas» que sustenten la gravedad de los cargos, aunque los defensores del fiscal Dallagnol afirman que llegarán en su momento.
El más sorprendente de esos cuestionamientos quizás sea el del magistrado Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal, quien el viernes advirtió que el Poder Judicial, «criminalizando la política», podría «cometer el mismo error que los militares» que dieron un golpe de Estado en 1964 y se perpetuaron en el poder hasta 1985.
Toffoli criticó cualquier tentativa de «criminalizar a la política», así como la creencia de que «el sistema judicial va a resolver los problemas de la nación brasileña con moralismos».
«¿Es el sistema judicial que salvará a la nación brasileña? Cometeremos el mismo error que los militares en 1964, queriendo ser los dueños del poder», dijo Toffoli en un discurso en Belo Horizonte, reproducido por los medios. Agencias
