Rafael Brito Peña, titular de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, explicó que corresponden en su mayoría a casos de decomisos de medicamentos, así como a bebidas alcohólicas y cigarrillos de marcas nacionales y extranjeras.
Resaltó las acciones de prevención y persecución aplicadas para enfrentar el mercado ilegal, mediante operaciones donde han sido cerrados establecimientos y apresadas personas contra las cuales se han obtenido medidas de coerción por su vinculación a estos casos.
Detalló que de los valores decomisados la mayor cantidad corresponde a cigarrillos, ascendiendo a un total de RD$159 millones 300 mil, siendo confiscados de ese producto en los primeros seis meses del año 31 millones 860 mil unidades.
En igual período, también han sido confiscadas bebidas alcohólicas cuyos valores ascienden a RD$60 millones y en el caso de los medicamentos los valores alcanzan los RD$40 millones.
Brito Peña explicó que un total de 97 medidas de coerción han sido impuestas este año en diferentes jurisdicciones por este tipo de delitos, estableciéndose que siete de ellas fueron de prisión preventiva, 15 impedimentos de salidas del país, 36 garantías económicas y 39 consistentes en presentaciones periódicas.
Dentro de las acciones operativas, la entidad del Ministerio Público registra un total de mil 470 inspecciones directas, 79 allanamientos, 61 arrestos y el cierre de 27 locales de expendio de alimentos. También fueron clausuradas 22 procesadoras de agua, 5 centros sanitarios y 4 farmacias o boticas.
Un total de 266 casos entraron al sistema en el indicado período correspondiendo 139 a falsificación de cigarrillos, 44 falsificación de bebidas alcohólicas, 43 alimentos y bebidas, 29 falsificación de medicamentos, 5 por vehículos retenidos, tres por malas prácticas médicas, dos falsificación de cosméticos y uno de negación de atención médica.
Dentro de los actos conclusivos y decisiones se han logrado presentar en diferentes tribunales 9 acusaciones y logrado tres aperturas a juicio.
Las labores se han llevado a cabo conjuntamente con las fiscalías de diversas jurisdicciones y la colaboración de inspectores del Ministerio de Salud Pública y miembros del Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Policía Nacional y de la Subdirección Adjunta Contra el Crimen Organizado, así como de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DINTEL) y de la Dirección Central de Investigaciones
