Por Nelson Encarnación [email protected]
Treinta y seis años durante los cuales se han celebrado elecciones más o menos democráticas le dan a uno suficientes argumentos para fundamentar el criterio de que a nuestro país le falta aun mucho camino para convertirse en una nación en términos reales.
Hablo de 36 años para no rodar el calendario hacia 1962, pues fue allí donde arrancó la formalidad democrática con unos comicios que solo sirvieron para que nuestro país conociera a su más extraordinario organizador de partidos como fue el profesor Juan Bosch, ya que–como es sabido por la mayoría–hasta 1982 aquí no hubo elecciones sino votaciones.
Es decir, que tras la recuperación del ritual electoral de ese año, hemos tenido presidenciales en 1982, 1986, 1990, 1994, 1996 (este último de forma accidental), 2000, 2004, 2008 y 2012, que contados los cuatro de medio término para el Congreso y los municipios de 1998, 2002, 2006 y 2010 hemos celebrado enido 13 eventos comiciales realmente competidos.
Sin embargo, y a pesar de esa rutina democrática relativamente larga, los dominicanos–e imagino que los extranjeros con asombro–vemos como en la presente campaña electoral se vienen repitiendo los mismos disparates de hace 36 años, lo que evidencia que en esa materia el país se ha quedado petrificado.
Las mismas majaderías contra el órgano electoral que en el pasado dieron lugar a la formación de comisiones asesoras, verificadores, observadores, metiches “notables” y notorios, son las mismas que escuchamos ahora.
Estupideces como que un hacker puede interceptar transmisiones de datos escaneados, cambiar números o alterar resultados son iguales a las tonterías que, en algún momento de 1986, por ejemplo, escuchamos respecto de la posibilidad de que un pirata podía variar el contenido de un facsímil con resultados ya procesados.
Es decir, que las denuncias que ha venido formulando la principal candidatura de la oposición sobre la posible adulteración de resultados si el conteo se realiza electrónicamente, nos llevan a la lamentable convicción de que en la materia la Junta Central Electoral está acorde con los adelantados del siglo 21 que le han permitido estar a la vanguardia en América Latina, mientras que algunos de los actores del sistema político nacional permanecen anclados, cuando menos, en la década de 1970, no importa que se hagan llamar “moderno”.
