El abogado Namphi Rodríguez pidió hoy al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) a suprimir las cláusulas de los contratos con las telefónicas que ya que los mismos diezman económicamente a los ciudadanos.
Al participar en un panel de la Fundación Friedrich Ebert, sobre Regulación y Medios de Comunicación, Rodríguez consideró inaceptable que existan cláusulas contractuales como la que sujeta por 18 meses los usuarios de servicios de telecomunicaciones y que estos pagar sumas altas de dinero.
«Esa es una cláusula abusiva que equivale a una especie de esclavitud contractual porque además se reengancha automáticamente, sin el consentimiento del usuario, pese a que la normativa lo prohíbe, eso es abusivo y viola la Constitución», subrayó el abogado.
Recordó que en la contratación telefónica se hace a través del modelo de contratos de adhesión o formularios, que no dan la oportunidad al usuario de objetar las cláusulas que se le ofrecen.
«Es responsabilidad del Indotel y Proconsumidor suplir esa debilidad contactual del usuario o ciudadano que está indefenso ante grandes empresas que le niegan el servicio si no se acoge a sus condiciones», resaltó.
Recordó que el 22 de noviembre del 2013, el Tribunal Superior Administrativo falló un recurso de amparo que interpuso la Fundación Prensa y Derecho contra el Indotel y las telefónicas, en el cual se ordenó al órgano regulador revisar las cláusulas.
«Pese a esa sentención, el Indotel no ha hecho nada y las cláusulas abusivas campean por sus fueros en los contratos de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones», apuntó Rodríguez.
El abogado realizó un diagnóstico al proceso de reforma del marco regulador de las telecomunicaciones y los medios de comunicación en el país, mientras que Aleida Calleja, del Observatorio Latinoamericano de Regulación y Medios, ofreció una panorámica del tema en la región.
Calleja expuso que hay que esperar para ver los resultados de los procesos de reformas en América Latina, especialmente en países grandes como como México, Ecuador y Argentina.
Coincidió en que la reforma a los marcos reguladores de los medios de comunicación es un punto muy sensible del sistema político, por lo que hay que emprenderla con cuidado y desde el horizonte de las libertades públicas.
