Quienes conocen algo del sistema judicial de los Estados Unidos saben que lo que ha ocurrido en torno al narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo (El Don) es algo poco usual o casi inédito, para no decir insólito.
No es usual que un imputado que admita haber ingresado más de 30 toneladas de cocaína al mercado estadounidense, se pase nueve años en una cárcel sin una condena y que de repente se le ponga en libertad sin un grillete, como según dice ha sido el caso del narcotraficante dominicano.
La justicia en los Estados Unidos, cuando se trata de delincuencia común, no funciona de esa manera.
Y ni siquiera en cuestiones del más alto interés geopolítico se tiene una actitud tan irregular, pues cuando surgen esos intereses, los norteamericanos buscan la vía de armar expedientes que resulten en condenas definitivas.
Tenemos el caso del general panameño Manuel Antonio Noriega, quien, cuando dejó de ser útil para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, le armaron un expediente por narcotráfico, le derrocaron y llevaron a una corte en Florida, de la cual salió con 35 años en las costillas.
En el ámbito de delitos de drogas, decenas de narcotraficantes de gran calado en Colombia y otras naciones purgan condenas a cadena perpetua en cárceles norteamericanas tras ser extraditados, y muy pocos—de menor jerarquía—han logrado salir de las prisiones.
Y aquellos que lo han logrado ha sido por colaborar con la justicia, tras lo cual no han podido regresar a sus países, pues al facilitar que la justicia estadounidense haya podido llegar a los peces gruesos del narcotráfico internacional, quedan expuestas a la represalia del crimen organizado.
Estos «colaboracionistas» ingresan a formar parte de lo que en Estados Unidos se denomina «programa de protección de testigos», a través del cual, inclusive, se les cambian determinados rasgos físicos, se les dota de otra identidad y se les aleja de las ciudades donde haya aun sea una escasa presencia de sus paisanos.
En la mayoría de las ocasiones se movilizan a sus parientes más cercanos a los lugares del territorio norteamericano donde tampoco tengan contactos con personas que pudieran proporcionar ubicación para que miembros de los carteles afectados puedan tomar venganza.
Eso se hace mientras los gruesos identificados por su colaboración se pudren en las cárceles si han sido capturados, s son abatidos por las fuerzas del orden en sus países aquellos que pretenden burlar los mecanismos establecidos.
La historia del crimen organizado en Colombia y México, principalmente, es rica en estos episodios, y lo narrado en literatura, series de televisión y películas de cine no es ciencia ficción sino de realidad cruda.
En consecuencia, el caso del delincuente Paulino Castillo llama la atención por muchas razones, la primera de las cuales es lo sospechoso que resulta su aparente limbo jurídico y el comportamiento de Estados Unidos en el mismo.
Veamos otras:
Es más que evidente que ese limbo o manejo judicial irregular de su proceso genera muchas lecturas, unas de ellas, a mi juicio, es que su colaboración sirvió de poco a los intereses perseguidos por la justicia estadounidense, que obviamente era llegar hasta los jefes de este narcotraficante, probablemente ubicados en algún país sudamericano.
Que se tenga conocimiento, la «cooperación» de Quirino con la justicia norteamericana solo alcanzó para que fueran detenidos y sometidos a juicio varios de sus ayudantes, quienes no tenían ni en que caerse muertos y quienes, asimismo, hace tiempo están de regreso en el país.
Y es que si Paulino Castillo hubiese aportado algo provechoso al interés de la justicia norteamericana en su lucha—siempre aparente—contra el narcotráfico, estamos seguros de que este delincuente no estaría al alcance del foco público.
Otra demostración de que el limbo del narcotraficante Paulino Castillo es algo sospechoso, lo encontramos en el hecho de que sus familiares, que en su oportunidad fueron removidos de la República Dominicana para protegerlos, retornaron al país hace algún tiempo, sin que su integridad física haya corrido algún peligro.
Si este sujeto, narcotraficante convicto y confeso, hubiese aportado algún elemento de valor jurídico para el proceso que dio apertura con su captura y extradición en 2004, ni su familia estuviera en el país ni él estaría disponible para cámaras y micrófonos.
En conclusión: las intempestivas apariciones de este delincuente haciendo imputaciones contra el ex presidente Leonel Fernández dejan espacio para las más diversas especulaciones, una de las cuales apunta hacia un interés político de sectores adversos al ex presidente, quienes luego de diversas encuestas le reconocen como el candidato a vencer en los comicios del año entrante.
Es probable que estén utilizando al peor mandadero. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que un sujeto sin nada que perder, resulta el mejor tonto útil.
