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    Bánica está hambrienta y sendienta

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    Antes de pasar a desarrollar mi artículo de esta semana debo comentar un mensaje que me envía la señora Felicia Moreta, en relación con un escrito anterior sobre la «La frontera: Conflicto, miseria y olvido».

    Como forma de corroborar nuestra denuncia sobre la pobreza que campea en la frontera dominico-haitiana, Felicia explica que la única fuente de sustento que tenía el fronterizo municipio de Bánica es un canal de regadío, pero tiene dos años que no funciona. «Me comenta mi tío que vive en Sabana de la Cruz de Bánica que la gente se está muriendo de hambre», indica.

    Ojalá que nuestras autoridades, muy especialmente el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), reparen el canal de riego e implementen cualquier otra obra de desarrollo en la región.

    He estado leyendo y comparando la Constitución que promovió el gobierno perredeísta del profesor Juan Bosch con la Carta Magna que impulsó el presidente Leonel Fernández en el 2010. Esto viene a propósito de que algunos congresistas, como el senador Julio César Valentín, se empeñan en señalar que la última reforma es tan humana y progresista como la que aprobaron los asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1963.

    No he visto las bondades y beneficios de la última reforma. Disculpen mi pesimismo, pues creo que nuestro Congreso no tiene la entereza y el valor para enfrentar sectores oligárquicos para beneficiar a los más pobres. Por el contario, en sus artículos 19 y 20 la Constitución de 1963 obligaba a que toda empresa agrícola, industrial, comercial o minera compartiera sus beneficios con sus obreros o empleados. El artículo 23 consignaba: «Se declara contrario al interés colectivo la posesión de tierras en cantidad excesiva por parte de personas o entidades privadas: Quedan prohibidos los latifundios, sea cual fuera la forma en que esto se ha originado».

    En el artículo cinco advierte que «se declaran delitos contra el pueblo los actos realizados por quienes, para su provecho personal, sustraigan fondos públicos o, prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o entidades autónomas, obtengan ventajas económicas ilícitas.

    A los convictos de tales delitos se le aplicará la Degradación Cívica…». En lo relacionado con la educación y la cultura, su artículo 39 consignaba: «El Estado proporcionará gratuitamente a todos los habitantes la enseñanza primaria y secundaria. La enseñanza primaria se declara obligatoria para todos los residentes en el país en edad escolar».
    Conocedor de los conflictos históricos con Haití, Bosch auspicio la supervivencia y la integridad de la Nación. El artículo 88 decía: «Se declara de suprema y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza, así como de la cultura y las tradiciones del pueblo dominicano.

    El aprovechamiento agrícola e industrial de los ríos fronterizos se continuará regulando por los principios consagrados en el artículo seis del protocolo de Revisión de 1936, del Tratado de Frontera de 1929…» Estos auténticos congresistas tenían el criterio de que la Patria comienza en la frontera.