SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas recomendó a la Junta Central Electoral (JCE) cumplir con el cronograma de pagos establecido con la empresa española Indra Sistemas, que supliera los equipos informáticos para el registro de votantes y el escrutinio para las elecciones generales de mayo del 2016.
La decisión está contenida en un informe del organismo auditor externo del Estado del pasado 28 de noviembre, y que recoge los resultados de una investigación solicitada por la JCE a propósito del reclamo de Indra Sistemas, de una deuda de US$13,927,931.
El informe dice que los principales funcionarios de la Junta Central Electoral actuaron “dentro de los parámetros constitucionales, legales, reglamentarios y normativos de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”.
La resolución está firmada por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara; Félix Álvarez Rivera, miembro; Margarita Melenciano Coporán, miembro y por Carlos Tejada Díaz, secretario del bufete directivo.
“Motivo por el cual se determina el cumplimiento de los principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la Función Pública”, dice la resolución AUD-2017-032, con fecha del 28 de noviembre pasado.
La JCE ha conformado una comisión para determinar el uso que se daría a los equipos con miras a las elecciones del 2020, ya que su departamento de informática ha dicho que no servirían para dicho proceso.
En el informe hay una carta respuesta de Diómedes Ogando Lorenzo, director financiero de la JCE, que le dijo a los auditores lo siguiente: “En atención a la solicitud de referencia le informamos que no se ha efectuado el saldo de la deuda con la empresa Indra Sistema por falta de disponibilidad, ya que el proceso eleccionario del año 2016 consumió todos los recursos que fueron asignados para ese y otros fines. Esperamos que el gobierno dominicano suministre los fondos correspondientes para atender dicho compromiso”.
La comisión está conformada especialistas informáticos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC),la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y las empresas Cervecería Nacional y Banco Popular Dominicano.
