Por Humberto Salazar
Desde el día de ayer se discute en los medios de prensa acerca de la pertinencia o no de la salida del país del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez a los Estados Unidos, donde agotará una agenda que lo llevaría a entrevistarse con el fiscal general, Jeff Sessions, y el director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), James Comey.
En el caso del primero, quien encabeza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es la única persona que puede dar acceso al expediente que fue publicado por su institución o entregar, si lo considera de lugar, información privilegiada a su par de la República Dominicana.
Y en lo que concierne a Comey, dirige el departamento de investigación más grande e importante del mundo, con acceso a todo tipo de instrumentos y medios para descubrir operaciones fraudulentas, cuentas ocultas, transacciones económicas oscuras y seguir el rastro al dinero, si es que lo hubo, de los sobornos confesados por la compañía brasileña.
Tiene toda la razón el procurador general de la República en ir al centro y origen del caso, ya que es a él y sólo a él a quien corresponde la carga de la prueba, en el caso de que existan, que involucren a funcionarios dominicanos en los ya famosos sobornos entregados por Odebrecht en varios países de Latinoamérica.
Los pasos que esta dando Jean Alain Rodríguez desde que se enfrentó a este caso, son firmes y con una decisión inamovible de que, si hubo dominicanos que traicionaron la confianza depositada en ellos por el voto popular o un decreto del poder ejecutivo, y aceptaron dinero a cambio de favores a una compañía extranjera sean sancionados, siempre respetando el debido proceso que garantiza el estado de derecho.
Decimos esto, porque a pesar de que se habla por lo bajo de que se recibieron nombres de funcionarios dominicanos desde Brasil, después de que fue homologado por un juez el acuerdo por medio del cual Odebrecht se compromete a pagar el duplo de la suma que confesó dio en el país como soborno, estos nombres no significan nada si no se cuenta con las pruebas documentales que sustenten una acusación en un juicio.
Cualquier abogado sabe, y más alguien que es el jefe del ministerio público como lo es Rodríguez, que en un juicio público oral y contradictorio, lugar y espacio donde se dirimen culpabilidad o inocencia en este tipo de delito, la sustentación de los casos de acuerdo al código penal dominicano, depende de los documentos que puedan entregarse para ser juzgados mas que de los testimonios personales.
El expediente que sustenta este caso, es el que está depositado en los Estados Unidos, ya que los testimonios de los brasileños involucrados son entregados a la justicia de su país como un complemento al caso principal, que es la operación Lava Jato con todas sus ramificaciones y a nadie debe caberle duda alguna de que la intención del país sudamericano es salvar, en lo que se pueda, las operaciones de la empresa Odebrecht en los países donde está realizando obras.
Un caso como éste, que implica testimonios de personas que guardan prisión o están impedidos de participar en un juicio en la República Dominicana, es un gran reto para los fiscales que participen en la parte acusadora, ya que si se sustenta simplemente en el testimonio escrito de ausentes, podrían caerse la mayoría de las pruebas testimoniales cuando se enfrenten a abogados duchos en materia penal.
Imaginemos por un momento que por premura y superficialidad en la investigación, el procurador general de la República se limite a los interrogatorios realizados a diversos actores de la vida nacional, y se tome al pie de la letra lo que dice el expediente del departamento de justicia de los Estados Unidos, donde no se identifica a nadie y ni siquiera, en el caso de nuestro país, se dice que el dinero del soborno fue entregado directamente a funcionarios del gobierno dominicano.
Lo que dice el expediente, es que se entregaron 92 millones de dólares a un intermediario comercial, el cual dice que entregó en parte a funcionarios de gobierno para conseguir obras en la República Dominicana, el problema es que ese intermediario admitió, ante los medios de comunicación, haber recibido esa cantidad de dinero pero que no lo repartió a nadie, que esos eran sus honorarios profesionales.
En el caso de que este mantenga su palabra, entonces sería la palabra del intermediario, que aceptó ser el señor Ángel Rondón Rijo, en contra de la palabra de los funcionarios de Odebrecht que dicen se pagaron los sobornos, es decir, al haber un intercesor sino se buscan pruebas mas allá de la famosa lista, si es que existe, entonces nadie podría ser condenado por estos hechos porque no podría construirse un caso que pase siquiera la fase de instrucción.
Si Jean Alain Rodríguez fue a los Estados Unidos a intentar completar el expediente que tendría en sus manos, lo que se debe es felicitarlo por su seriedad y empeño en que, como lo ha dicho en múltiples ocasiones, los culpables, si los hay, de haber recibido los sobornos sean castigados con todo el peso de la ley.
Antes que criticarlo, lo que merecería es el reconocimiento público, ya que se encuentra en el lugar de donde surge toda esta maraña de acusaciones sin nombres todavía, que ha puesto patas arriba al sistema judicial y político en varios países de Latinoamérica, incluyendo al nuestro, hablamos de que Estados Unidos colabore entregando la prueba mas importante en acusaciones de este tipo, el movimiento bancario y las cuentas de los involucrados.
Por más de cuatro años, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó a Odebrecht y Brasken para llegar a las conclusiones que dieron lugar a las multas billonarias que aceptaron pagar estas compañías.
Estamos mas que seguros que a los ejecutivos de estas empresas les fueron mostradas pruebas incontrovertibles, que les hicieron preferir llegar a un acuerdo económico, antes que ir a litigar a un tribunal de justicia, y a estas pruebas debería tener acceso la República Dominicana para tener un caso bien sustentado y los culpables sancionados en nuestros tribunales.
Si se quiere justicia, como suponemos queremos todos, esta no se logra poniendo en un paredón moral en los medios de comunicación o por el famoso «radio bemba» hoy convertido en redes sociales donde cabe toda la imaginación perversa que adorna a algunos, a todo el que nos venga en ganas y pidiendo a gritos que los condenen.
La justicia en un estado de derecho debe seguir reglas que son aplicables a todos los ciudadanos, donde no existe ese derecho, cualquiera de nosotros podría en un momento determinado ser víctima de una acusación sin sentido, lo mejor que puede hacer el procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, es sustentar bien este caso antes de depositarlo delante de un juez para que termine la fase de instrucción y sea enviado a juicio de fondo, y para eso es muy provechoso este viaje al «vientre» del expediente Odebrecht.
