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Tribunal varía medida de coerción a José Ramón Peralta con presentación periódica y pago de RD$ 4.5 millones

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Tribunal varía medida de coerción de José Ramón Peralta con presentación periódica y pago de RD$ 4.5 millones
Tribunal varía medida de coerción de José Ramón Peralta con presentación periódica y pago de RD$ 4.5 millones

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, varió este martes la medida de prisión preventiva al exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, por garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, quien es acusado en la Operación Calamar.

La jueza Ana Lee Florimón impuso en su variación, que la garantía económica contra el exfuncionario sea de 4 millones 500 mil pesos, mediante una  compañía aseguradora.

El abogado Pedro Balbuena, actuando como vocero de la defensa de Peralta, expresó «que esto llegó demasiado lejos», que incluso su defendido debe ser liberado por completo de ese caso.

Mientras que el Ministerio Público aseguró, que va a establecer una acusación fuerte con relación a la supuesta estructura de corrupción administrativa denominada calamar.

Peralta cumplía 18 meses de medida coercitiva en la cárcel Najayo-Hombres, ubicada en la provincia de San Cristóbal.

Peralta era el único de los involucrados en este caso que estaba preso preventivo, otros exfuncionarios como el excandidato a la presidencia del PLD, Gonzalo Castillo y el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, se le varió la medida y también están en arresto domiciliario.

Peralta, quien cumplía prisión preventiva por su vinculación a la “Operación Calamar”, es acusado junto a otros imputados de utilizar al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.

Según los fiscales, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.