El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, consideró este miércoles que de resultar ciertas las presuntas irregularidades encontradas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGSP) en el contraro del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, SRL, la ley debe ser aplicada.
«La opinión del Defensor del Pueblo es que tiene que caer el rigor de la ley, todo el mundo tiene derecho a un debido proceso, pero las penas están ahí», expresó Ulloa y señaló que todo el mundo tiene derecho a un debido proceso.
«Si hubo cualquier acto de corrupción tiene que ser garantizada la pena como el mejor de los casos, para que tengamos que entender todos los servidores públicos y el empresariado que tenemos que trabajar en una sociedad transparente y ética», consideró al ser abordado por periodistas en el acto donde el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep) presentó las propuestas estratégicas para el bienestar integral de los dominicanos.
La DGSP informó el pasado lubes que envió al Ministerio Público los hallazgos encontrados, a fin de que se identifique al beneficiario final de Transcore Latam y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Por el caso, el director del Intrant, Hugo Beras, solicitó una licencia de sus funciones, hasta que se lleven a cabo las investigaciones. En dicha posición fue designada de manera honorífica el titular del Sistema 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo, ERD.
 y la empresa Transcore Latam, SRL,){kind=link}