La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, refutó este jueves los alegatos del congresista norteamericano Michael McCaul, que “alega incremento de la prisión preventiva, con una opinión interesada o no, (que) faltan a la verdad”, porque en tres años, la población penitenciaria en el país ha experimentado una baja de 2,086 internos.
“La población penitenciaria de República Dominicana al 16 de agosto del 2020 era de 27,800 internos. En la actualidad es de 25,714, lo que implica una reducción del 2020 al 2023 de 2,086 internos”, detalló a través de sus redes la procuradora adjunto al referirse a una carta al Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien manifiesta su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva en la República Dominicana.
En cambio, dijo que “lo que se ha incrementado es las operaciones contra el crimen organizado, que del 2020 a la fecha el MP (Ministerio Público) y los organismos de investigación han realizado 16 operaciones”.
Argumentó que República Dominicana es uno de los pocos países que después de la pandemia del Covid-19 redujo su población penitenciaria.
“La tasa de privados de libertad preventivos en la actualidad es de 21.5% menos que su promedio histórico”, explicó la exfiscal del Distrito Nacional, ante la petición del congresista Michael McCaul, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de EE.UU, para que el Departamento de Estado investigue lo que ocurre en la República Dominicana con la prisión preventiva.
“Es importante estar al tanto de los graves problemas de justicia penal que existen en relación con la prisión preventiva, que mantiene a personas en prisión por años a la vez sin un cargo formal. Es un desafío duradero donde el 70% de los prisioneros están encarcelados bajo la prisión preventiva”, cuestionó el congresista McCaul en una carta dirigida el 23 de agosto al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken.
Operaciones del MP
A pocos meses de haber sido designado el Ministerio Público que enarbola el Gobierno como independiente, con la magistrada Miriam Germán Brito a la cabeza, se ha desarticulado más de una decena de red mafiosas, a través de la puesta en marcha de operaciones como Antipulpo, Medusa, Coral y Coral 5gG; Caracol, Operación 13, Falcón, Calamar y otras que tienen en el banquillo de los acusados a exservidores públicos.
