El juez Ernesto A. Cabral Gomera dictó auto de apertura a juicio contra todos los involucrados en esta organización delictiva llamada Operación Iguana.
El magistrado también rechazó la solicitud de exclusión de los anticipos de pruebas testimoniales, en el entendido de que los mismos cuentan con un auto que fija y convoca a la toma de los testimonios y en aplicación de una correcta lógica procesal se entiende que si los convocó y fijó las entrevistas, es porque admitió la solicitud.
El magistrado ratificó las medidas de coerción consistente en prisión preventiva, excepto a Deivy Nova Reyes, a quien impuso la presentación periódica ante la PETT el último viernes de cada mes y una garantía económica de 10 mil pesos e impedimento de salida del país.
El tribunal también rechazó la solicitud de las defensas sobre las exclusiones probatorias, por no existir elementos de ilegalidad y porque existen autorizaciones judiciales.
Esta posición del tribunal también admite que son parte del proceso la toma en Cámara Gesell de los testimonios de todas las víctimas y testigos, por entender que se encuentra probado que se trata de crimen organizado y que son personas extranjeras que no están obligadas a permanecer en el país.
Rechazó la devolución de las pruebas materiales, porqué estas son útiles y pertinentes para probar el caso, además señaló que se trata de una red de crimen organizado y que la comunicación entre sus integrantes se producía en cascada o de manera jerarquizada.
En el expediente acusatorio figuran Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y el inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Nova Reyes, quien era empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
En la acusación también figura Dominga Guzmán, madre de uno de los imputados, quien facilitó su casa para el secuestro.
La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, desarrolló la Operación Iguana con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada esta red de tráfico y trata de personas.
Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados en la red de tráfico de inmigrantes y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.
