El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la asignación de un juez de instrucción especial para que conozca de la acusación contra el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio -Gory- Moya, por su vinculación en la Operación Calamar.
La directora de Persecución de la Procuraduría, fiscal Yeni Berenice Reynoso, dijo que tiene pruebas que comprometen al legislador oficialista en la red de corrupción que operó durante los gobiernos de Danilo Medina, dirigida por los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
“Todo el que haya sido referido y del que nosotros tenemos pruebas, como es el caso de ese legislador (Sergio Moya) que usted refiere, el Ministerio Público va a solicitar, en las próximas horas, juez de instrucción a los fines de que se inicie investigación, debido a su jurisdicción”, afirmó Reynoso.
La pasada semana, el legislador Moya dijo que ponía su cargo a disposición si le probaban que tiene alguna participación en la Operación Calamar. Moya es diputado del PRM por el Distrito Nacional y por su condición privilegiada, su caso debe conocerlo un juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia.
Destaca decisión sobre medida de coerción en Operación Calamar, la cual respalda solidez de la investigación
Berenice Reynoso, dijo este martes que la decisión de la jueza Kenya Romero, quien consideró que había prueba suficientes para imponer medidas coercitivas a los 20 imputados en esta red de corrupción y la declaratoria de complejidad del proceso, demuestra la solidez del expediente presentado por el Ministerio de Público.
“Pensamos que la decisión del tribunal corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación. Prácticamente todas las barras tenían hasta tres abogados, pero les fue imposible obtener ni una sola ganancia de incidentes. En virtud de la tutela al debido proceso, la gran cantidad de pruebas y la consistencia de la investigación realizada por el Ministerio Público. La decisión que ha dictado la magistrada, que varió algunos de los pedimentos que ha solicitado el Ministerio Público, argumentando en algunos casos situaciones de salud, de expedientes médicos, y situaciones familiares que presentaron algunos de los imputados a los que se les varió el pedimento de la prisión preventiva que había hecho el Ministerio Público”, sostuvo Berenice Reynoso.
La directora de Persecución destacó, además, el hecho de que el tribunal rechazara todos los pedimentos de puesta en libertad pura y simple, bajo el argumento de que no había vinculación, ya que las pruebas de esta solicitud de medida de coerción, luego de la presentación de la investigación que hiciera el Ministerio Público, “son más que suficientes para esta etapa, “es decir que todas esas solicitudes fueron absolutamente rechazadas”.
Reynoso, quien estuvo acompañada en audiencia por el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca),Wilson Camacho, y por los procuradores fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena y Jhensy Víctor, puntualizó cada uno de los argumentos presentados por las defensas y que no fueron acogidos por el tribunal.
La procuradora adjunta fue contundente al señalar que esta investigación continúa en curso y que como lo ha indicado la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, todo el que haya cometido un ilícito será llevado ante los tribunales.
“En relación a si habrá más imputados, esta es una investigación en proceso, la política de este Ministerio Público, que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, es que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido por el Ministerio Público, de acuerdo al Estado de derecho, pero haciendo todo el esfuerzo que este equipo hace, prácticamente, de trabajar 18 horas al día para trabajar casos fuertes”.
, Sergio -Gory- Moya, por su vinculación){kind=link}