La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció este miércoles un nuevo desalojo en la provincia de La Altagracia y exigieron a las autoridades dominicanas el cese de los desahucios a los que están siendo sometidos los campesinos del este del país.
Según el presidente del CNDH, Manuel María Mercedes, hace casi dos meses que más de 200 campesinos de la provincia de La Altagracia en el municipio de Higüey fueron desalojados “de manera salvaje, abusiva e ilegal” por la Corporación Central Romana, en conjunto con la Policía Nacional.
“El Central Romana, con su banda de criminales y asesinos al margen de la Ley, con el aval del abogado del Estado de esa provincia, protegidos por la Policía”, dijo Mercedes a Efe alegando que se trata de un caso peor al de los peregrinos de El Seibo, puesto que los higüeyanos sí cuentan con sus titulaciones de esos terrenos que superan las siete mil tareas.
De acuerdo a los documentos mostrados por los representantes del CNDH y la Asociación de campesinos de Higüey, que se apostaron frente a la Procuraduría General de la República en Santo Domingo, los desalojados son familias que llevan décadas trabajando esas tierras con el pleno reconocimiento del derecho adquirido de parte del Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria y del Instituto Agrario Dominicano.
“¿Cómo vamos a combatir los males sociales si estos hombres y mujeres del campo que lo que quieren es producir en sus terrenos que son legalmente constituidos y ahora se encuentran deambulando sin un techo sobre su cabeza?”, cuestionó Mercedes, agregando que se trata de una pérdida de más de 200 millones de pesos.
Es por ello que exige al presidente, Danilo Medina, intervenir ante “esta ola de desalojos arbitrarios y abusivos” en contra del campesinado dominicano, lo que contradice su “discurso populista” de querer proteger esa importante categoría de trabajadores dominicanos y las visitas sorpresas realizadas en ese sentido.
A su vez, Misael Evangelista, uno de los afectados denunció que fue un martes por la madrugada que un contingente policial llegó a sus terrenos destruyendo todo a su paso, casas, la misma cosecha e incluso sus animales, de los que aún desconocen el paradero.
“No hemos tenido respuesta de nadie, donde quiera que vamos nos dicen: ‘no que esa gente son un poder, son unos abusadores’, pero no encontramos ayuda y por eso hemos recurrido a los Derechos Humanos”, concluyó el campesino.
