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Dictan prisión preventiva contra mayoría de imputados en caso Odebrecht; imponen fianza a legisladores

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SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco, declaró bueno y válido en cuanto al fondo y a la forma, la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público, y dictó prisión preventiva contra ocho de los 14 imputados por el caso Odebrecht.

El juez impuso un año de prisión en La Victoria para el empresario Ángel Rondón Rijo. En tanto que el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y el abogado Conrado Pittaluga, cumplirán nueve meses en la cárcel Najayo.

Mientras que el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás y abogado Ruddy González fueron sentenciados con seis meses en Najayo.

Además, César Sánchez y Máximo De Oleo tres meses en Najayo.

Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández prisión domiciliaria por nueve meses.

Los senadores Julio César Valentín y Tommy Alberto Galán, así como el diputado opositor, Alfredo Pacheco cumplirán presentación periódica, fianza de cinco millones de pesos e impedimento de salida.

El juez declaró el caso complejo y dio ocho meses al Ministerio Público para que amplíe la investigación. También otorgó un plazo 20 días a los imputados para que apelen la decisión.

Al grupo, que ha negado, por separado, vinculación alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las detenciones se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.

Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en el país.