SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) manifestó hoy su rechazo por la agresión que miembros de la prensa sufrieron ayer por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, mientras los comunicadores cubrían la visita de una comisión de diputados a la sede de esta institución.
La PGR señala que «lamenta y condena la agresión ocurrida contra los periodistas, tras considerar que no existe motivo o circunstancia que justifique la obstaculización al trabajo de la prensa».
Reiteró que es «garante de la libertad de expresión y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos» y que la Dirección de Comunicaciones y Prensa «no dio la orden de impedir la entrada al edificio a los comunicadores.»
La Procuraduría General valoró el trabajo de los periodistas y destacó sus esfuerzos por «contribuir con el desarrollo de la nación y el fortalecimiento de la democracia.»
La nota finaliza señalando que «el lamentable incidente está siendo investigado y que tomará las medidas de lugar para evitar que no vuelvan a producirse hechos similares.»
Desde que el pasado martes un grupo de personas pertenecientes a varios movimientos sociales intentasen levantar un campamento frente a las dependencias de la PGR para exigir que se hagan públicos los nombres de los sobornos de Odebrecht en el país, la presencia de la prensa ha sido constante en el entorno de la sede, fuertemente custodiada por las fuerzas de seguridad.
A las acciones policiales para impedir la instalación de la carpa y la detención de varias personas, le sucedió un incidente con un grupo de diputados que también trataron de acceder a las instalaciones, produciéndose forcejeos y lanzamiento de botes de humo por parte de los efectivos policiales.
Una comisión de legisladores de diversas formaciones opositoras acudió ayer para hablar con responsables de la Procuraduría sobre estos incidentes.
Estos sucesos tuvieron lugar en la víspera de la llegada, ayer, de la documentación procedente de Brasil sobre los sobornos que la empresa Odebrecht admitió haber realizado en la República Dominicana para hacerse con contratos de obras públicas.
El pasado 19 de abril, un juez dominicano validó un acuerdo entre la Procuraduría General y la constructora Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas, y revelar en 30 días los nombres de los beneficiados.
