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Procurador no descarta someter vía penal a jueces cancelados por corrupción

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SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó hoy que no descarta someter a la Justicia por la vía penal a los tres jueces cancelados por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), por la presunta negociación de sentencias.

Tras asistir a la inauguración del Centro Nacional de Atención Psicosocial a los Internos (Cenasi) en la cárcel de La Victoria, Domínguez Brito mostró su respaldo a la decisión del consejo de destituir a los magistrados.

Se trata de los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón y a Rossó Vallejo Espinosa, así como el de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción, José Dionisio Duvergé Mejía, quienes están siendo investigados por la Procuraduría.

«Fue una decisión disciplinaria y hay otro proceso abierto, vamos a estudiar la sentencia de este fin de semana y no descartamos cualquier otra acción», apuntó Domínguez Brito, que opinó que la medida «se enmarca en procura de una justicia más sana y transparente».

«La Suprema Corte de Justicia tomó una gran decisión que apoyamos, que respaldamos. Hay y había la necesidad de tomar grandes decisiones respecto a la corrupción dentro del sector justicia y esa decisión de sancionar a jueces ligados a corrupción es un hecho trascendente que merece toda la aprobación de la ciudadanía y del Ministerio Público», agregó.

El CPJ ordenó ayer remitir copia del expediente de los magistrados al Ministerio Público para los fines que estime pertinentes «debido a que esta jurisdicción considera que el proceso disciplinario evidenció hallazgos que pudieran comprometer la responsabilidad penal de los hoy disciplinariamente sancionados».

Tras estudiar los alegatos y las piezas del expediente el órgano comprobó «que estos incurrieron en la comisión de faltas graves que constituyen un descuido inaceptable, y hechos contrarios a la ética, lo cual justifica que sean sancionados en orden a la preservación de la moralidad profesional e institucional que debe regir a todos los miembros del Poder Judicial». Agencias