Por Humberto Salazar [email protected]
Lo que está pasando en algunos países de América Latina no puede ser fruto de la casualidad, en un lapso muy corto de tiempo cayó el gobierno de Guatemala cuyo presidente, Otto Pérez Molina guarda prisión, acusado de asociación ilícita, cohecho y defraudación aduanera.
Lo inusual en este caso es que la parte acusadora la lleva una denominada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala bautizada por la ONU, y quien la encabeza es un juez de nacionalidad colombiana llamado Irán Velásquez que ha fungido como una especie de fiscal internacional en un país que no es el suyo.
En Honduras la OEA envió e instaló con el apoyo de los Estados Unidos una denominada Comisión de Expertos encabezada por un peruano llamado Juan Jiménez, cuya misión es durante un periodo de cuatro años combatir lo que ellos llaman la corrupción y la impunidad.
La misma tipología, una misión de extranjeros para investigar a los nacionales hondureños bautizados por un organismo multilateral, como es la OEA, que no sabemos bajo que argumento puede intervenir directamente en asuntos que le competen a la justicia hondureña.
Apenas hace dos semanas se publicó la mayor filtración de datos personales de la historia, los llamados ¨papeles de Panamá¨, fruto del ¨hackeo¨, que es un delito en si mismo, a la base de datos de la firma de abogados Monssack-Fonseca.
A medida que se van asentando los polvos del escándalo, que hasta ahora ha sido más espuma que chocolate, se van conociendo detalles de la forma en que se violó el sistema de esta oficina de abogados especializada en creación de empresas fantasmas para ocultar bienes en paraísos fiscales.
El primero que advirtió quienes habían sido los autores de la filtración fue el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien acusó a los servicios secretos norteamericanos de haber realizado el hecho, esto lo admitieron los Estados Unidos en una declaración del vicesecretario del Departamento de Estado Marck Toner.
Este admitió que a través de la USAID se financió el robo, es decir un delito, de los papeles de Panamá, admitiendo de hecho la acusación que hizo el Presidente Putin inmediatamente se dio a conocer la noticia de la filtración.
Lo que casi nadie dice, en medio de este bombardeo de información sobre esos papeles, es que en más de 11 millones de páginas hackeadas y publicadas, solo hay 211 nombres de ciudadanos de los Estados Unidos.
Lo que se supone es que la mano de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) es la que está detrás de todo esto, con el objetivo de en algunos casos desestabilizar gobiernos en varias partes del mundo y en otro contra con información confidencial sobre jefes de estado y de gobierno que les sirva para presionarlos políticamente cuando sea necesario.
A todo esto volvamos la cabeza hacia Brasil, donde parece un hecho que la Presidenta Dilma Roussef, no podrá vencer las fuerzas que se han unido contra su gobierno y aprobarán a partir del próximo domingo la realización de un juicio político que la apartaría del poder.
La acusación no es por corrupción o desvío de fondos públicos para su beneficio personal o de su familia o de allegados, de lo que se acusa a la presidenta de Brasil, es de violar normas legales acomodando datos del presupuesto del gobierno para que apareciera un menor deficit fiscal que el que realmente existía.
Por esta débil acusación, hoy en día en Brasil se habla de un golpe de estado parlamentario, con el agravante de que el Vicepresidente Michel Temer, quien debe sustituir a Dilma, está acusado de corrupción en la operación Lava Jato y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también ha sido acusado de recibir sobornos y blanqueo de capitales a cambio de contratos otorgados en la estatal Petrobras.
Es decir, lo que estamos mirando, no solo en América Latina, sino en muchos países del mundo, excepto los Estados Unidos que parecen ser los directores de orquesta en este tema, no es causalidad y si lo es, es una casualidad muy causal.
