Hace más de un año, varios mandatarios centroamericanos se reunieron en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama para plantearle la preocupación de sus países respecto del gran impacto negativo que tiene la avalancha de repatriaciones que hace los Estados Unidos.
El mensaje fue a nombre de los líderes de la región, pues las repatriaciones masivas, tanto de indocumentados como de delincuentes salidos de las prisiones norteamericanas, tienen el mismo efecto social y económico para Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua, como para la República Dominicana.
Como siempre, el presidente Obama atendió con mucha amabilidad y cortesía a sus invitados Otto Pérez Molina, de Guatemala; Juan Orlando Hernández, de Honduras, y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, escuchó sus planteamientos, pero al final les dijo que Estados Unidos es una nación de leyes y que él tenía que hacerlas cumplir.
No solo comprendió el problema de las repatriaciones, sino que asimiló sus repercusiones en términos de seguridad ciudadana en el caso de los ex convictos, y económica en lo relativo a los indocumentados que vienen a representar una carga doble, ya que, por un lado, dejan de remesar a sus parientes, y, por el otro, necesitan asistencia en lo que vuelven a insertarse en la producción nacional.
Uno de los peores dramas enfocados en esa reunión fue el de miles de menores de edad que habían llegado, sin acompañantes adultos, por la frontera con México, creando una de las mayores crisis humanitarias para los Estados Unidos que no encontraba–y aun persiste– la manera de cómo afrontar el problema, pues no solo con aplicar las leyes se resuelven ciertos asuntos.
Sin embargo, frente a ese caso y las demás repatriaciones, el mandatario estadounidense fue claro con sus visitantes y les dijo que no podía hacer mucho mientras existan las leyes que obligan a los gobernantes a actuar dentro de ellas o exponerse a las consecuencias.
«El estatus de refugio no es otorgado solo porque una familia viva en una mala zona o en la pobreza», explicó.
Aunque evocó la «gran compasión» de su gobierno y los estadounidenses hacia la situación de los niños, subrayó que muchos de ellos deberán esperar ser deportados (repatriados), en cumplimiento de las leyes vigentes. «Somos una nación de inmigrantes, pero también de leyes», dijo Obama, conforme un documento de prensa emitido por la Casa Blanca.
Y ciertamente, tras esa reunión, y otras con otros presidentes de la región, las repatriaciones de indocumentados y convictos liberados han continuado, al punto de que la administración Obama figura en los anales del tema como la más prolífica, con unos 2.5 millones de «interdicciones migratorias», para utilizar el eufemismo que se inventaron las autoridades dominicanas para rehuir la definición real que es repatriación, sin que ello deba causarnos vergüenza.
Más de dos millones y medio de repatriados básicamente a México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Haití y otros países de esta parte del mundo, es demasiada gente en términos proporcionales.
Todos reconocemos que Estados Unidos es un país de leyes, pero también lo es la República Dominicana, donde su Gobierno está obligado a cumplirlas sin importar que la llamada «comunidad internacional» quiera imponer el comportamiento de nuestro Estado en el asunto.
«Quien no está en condiciones de defender sus convicciones, es un cobarde», sentenció un gran pensador del siglo XVII.
Hasta ahora, el Presidente de la República y la mayoría de los funcionarios que manejan el tema-dije la mayoría, no todos-, han demostrado estar en condiciones de defender el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros aplicado conforme el ordenamiento jurídico nuestro.
En conclusión: A lo que me quiero referir es al hecho de que la República Dominicana tiene su moral en alto para defender su política migratoria, pues viene a resultar más humana que la de Estados Unidos, Europa y mil veces más que los atrevidos miembros de CARICOM.
Haber suspendido durante casi dos años las repatriaciones de indocumentados, aplicar un programa de normalización de estatus totalmente gratis en beneficio de los extranjeros en condición migratoria irregular, y arriba de eso no hacer repatriaciones masivas sino poner en práctica un plan de acompañamiento para el regreso voluntario, es una página en este drama universal de las movilizaciones humanas que pocos países-creo que ninguno-, puede enseñar.
De modo que cada dominicano tiene que levantar la frente y sentirse orgulloso de su nación frente a cualquier fresco que, sin importar la jerarquía social, económica o política, pretenda reducirnos a la infame condición de racistas.
