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MPD denuncia corrupción en manejo recursos para construcción de carreteras

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MPD denuncia corrupción en manejo recursos para construcción de carreteras

SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).- El Movimiento Popular Dominicano (MPD) pidió una investigación sobre los recursos destinados a la construcción de la carretera de Rancho Arriba y a la avenida de Circunvalación de Santo Domingo, por considerar que hay evidencias de actos de corrupción y «sangrado2 de los fondos presupuestados.

El portavoz nacional del MPD, Higinio Báez, señaló, en un comunicado, que la organización denunció «la escandalosa sobre-evaluación de la carretera Rancho Arriba-Piedra Blanca, puesto que los 26 kilómetros costarán 80 millones de dólares».

Es decir, «cada kilómetro le costará a nuestro pueblo más de tres millones dólares, es decir, 135 millones de pesos. El mismo presupuesto le fue asignado a Odebrecht, Risek y Coinsa», dijo.

Báez indicó que el costo de construcción de la avenida de circunvalación de Santo Domingo «es mucho más escandaloso aún, ya que esta vía de 72.3 kilómetros la construye el Consorcio Compreica-Alba Sánchez, que asignó a su ejecución un costo de 250 millones de dólares.

Al iniciarse los trabajos de construcción, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, anunció que los trabajos costarían 295 millones de dólares, pero el 26 de julio pasado dijo que la vía costará 330 millones de dólares, recordó Báez.

«Es decir, cada kilómetro le saldrá al país a razón de 4.56 millones de dólares, equivalentes a 204.5 millones de pesos. La sobre-evaluación, en este caso, anda próxima al 200 por ciento.

El vocero del MPD explicó que, en América Latina, el promedio de costo más alto de cada kilómetro de carretera es de 1.2 millones de dólares, cifra que corresponde al promedio de costo resultante en los países como Bolivia, Argentina, México y Perú.

Además, Báez aludió a la empresa Odebrecht, que tiene procesos judiciales abiertos en Perú, está siendo cuestionada en Panamá, en América Central, y ya ha sido condenada en Brasil, y a la que el gobierno dominicano ha adjudicado un contrato por 2,040 millones de dólares para la construcción de dos plantas de carbón en Punta Catalina, provincia Peravia.

Baéz indicó que entiende que las organizaciones revolucionarias y de la sociedad civil «debemos llevar estos casos a los tribunales internacionales, habida cuenta de que en nuestro país nunca serán sancionados mientras los juzguen los tribunales criollos dominados por el partido en el poder» Agencias

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