QUITO, Ecuador — El gobierno de Ecuador usa leyes represivas contra sus críticos, mientras que los jueces demoran audiencias por presiones políticas y tampoco aplican oportunamente una reciente legislación más benigna, como lo estipula el derecho, dijo Human Rights Watch en un informe divulgado el martes.
Con relativa frecuencia manifestantes, opositores y hasta estudiantes que protagonizan protestas callejeras son acusados de sabotaje y terrorismo por parte de organismos del estado, además enjuiciados y muchos de ellos sometidos a prisión.
El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, señaló que «estas condenas por terrorismo y sabotaje, que no tienen ninguna base, son un ejemplo claro de cómo el gobierno utiliza leyes represivas contra sus críticos».
Añadió que «si un caso todavía se encuentra en apelación, los jueces deberían aplicar la norma más favorable» aunque consideró que «estos cargos nunca deberían haber sido planteados, y ahora no existe ninguna justificación legal para no conceder a los acusados una fecha de audiencia para que se reviertan estas condenas injustas».
The Associated Press llamó al Consejo de la Judicatura, organismo a cargo del control de la justicia, y un funcionario del área de comunicación que declinó ser identificado por no estar autorizado a dar declaraciones, dijo que en cuanto haya un pronunciamiento de las autoridades acerca de este tema, se enviará a los periodistas.
El informe aseguró que tras entrevistas con víctimas, sus abogados y juristas, Human Rights Watch considera que «las demoras en las audiencias se deben en buena medida a presiones políticas. Es especialmente probable que esto sea cierto en casos en los cuales el presidente y otros funcionarios gubernamentales avalaron las condenas cuando estas fueron dictadas inicialmente».
Esa organización llevó adelante misiones de investigación a Ecuador en octubre de 2014 y marzo de 2015, y «también ha consultado documentación oficial sobre todos los casos, incluyendo actas oficiales de audiencias judiciales, testimonios y sentencias».
Recordó que en Ecuador se aprobó un nuevo Código Orgánico Integral Penal en agosto de 2014.
«En vez de examinar oportunamente las condenas injustas a la luz de las nuevas disposiciones, los jueces ni siquiera han fijado fechas de audiencia para las apelaciones en causas en las cuales el Presidente Rafael Correa y otros funcionarios gubernamentales han manifestado estar de acuerdo con las condenas», precisó el documento de Human Rights Watch.
Observó que las penas por terrorismo aumentaron de 4 a 8 años de prisión, a de 10 a 13 años; Cuando los actos provoquen la muerte de personas el rango pasó de 16 a 25 años, a penas de 22 a 26 años. Las sentencias por cargos de sabotaje bajaron desde 8 a 12 años a 5 y 7 años.
Human Rights Watch destacó cuatro casos paradigmáticos: el de 10 jóvenes apresados mientras planificaban en una casa protestas pacíficas, el de una profesora condenada a 8 años de prisión por incitar a sus alumnos a salir a protestas callejeras, el de una estudiante que rompió una puerta de un canal estatal para expresar su opinión, y el de un dirigente indígena acusado de terrorismo por incitar a comunidades aborígenes a protestas en las calles.
Este último, identificado como Pepe Acacho fue sentenciado a 12 meses de prisión acusado de terrorismo.
En declaraciones a la AP, el líder indígena dijo que «soy un perseguido político del gobierno, ellos no tenían pruebas contundentes para vincularme con sus acusaciones de terrorismo, tampoco tenían documentos para vincularme con acusaciones. Es una persecución política del gobierno».
Añadió que «para capturarme hicieron un operativo de película, ni para (capturar) al Chapo Guzmán hicieron eso».
Correa llegó al poder en enero de 2007 y debe gobernar hasta el 2017. Agencias
