La defensa del exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, busca que este martes su puesta en libertad, tras cumplirse los 18 meses de prisión preventiva que le fueron impuestos a solicitud el Ministerio Público por el caso Medusa.
El abogado Gustavo Biaggi había informado que depositarían ante el Tercer Juzgado de la Instrucción una solicitud para que se pronuncie con respecto al cese de la prisión del ex funcionario, y dijo que “si el tribunal no lo considera o no está de acuerdo con el cese de oficio en cumplimiento mero de la ley, entonces que fije audiencia a fin de conocer nuestra solicitud”.
Biaggi recordó que en su Resolución del 8 de Julio del 2021, la jueza Kenya Romero determinó que Jean Alain no podía permanecer más de 18 meses retenido preventivamente conforme a lo establecido en el artículo 379 del Código Procesal Penal (CPP).
Sostuvo que ante el vencimiento de ese plazo” si el Ministerio Público no lo pone en libertad el juez deberá disponerlo de oficio”.
Además de Jean Alain, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, proceso se sigue en contra del exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
También, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya.
El órgano persecutor acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público en el período 2016-2020, que fue desmantelado con la Operación Medusa.
Los imputados del caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
