El primer grupo de imputados en el caso Antipulpo, que declaró ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción Deiby Timoteo Peguero, admitió este lunes tener vínculos de amistad, comercial y/o político con el principal acusado Alexis Medina Sánchez.
Sin embargo, los procesados se desvincularon de las acusaciones que les hace el Ministerio Público en el sonado caso de la alegada corrupción administrativa, en contra del Estado dominicano.
Todos dijeron ser inocentes y que los hechos que se les imputan no se corresponden con la realidad, o que son ajenos a ellas, como los señala la parte acusadora en el expediente.
En ese sentido, el exgerente de Edesur José Idelfonso Correa Martínez, dijo ser “un próspero empresario millonario desde hace más de 20 años”, por lo que entiende no tiene sentido la acusación que se le formula.
Resaltó, además, que fue el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que lo buscó, no él a la organización política.
Según la acusación de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), el exfuncionario no solo cometió una conducta propia del lavado de activos, sino que “distrajo el bien ilícito”, entre otras cosas.
Mientras, la coordinadora de Litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz, las declaraciones de los imputados, a través de sus respectivas defensas técnicas, “lejos de ser una estrategia efectiva, los ha colocado dentro de la estructura de Alexis Medina y sus empresas”.
Dijo que con sus declaraciones sobre sus vínculos de amistad, comerciales y políticos con el principal imputado en la red, “han corroborado con sus mismas palabras” parte de las imputaciones y de las acusaciones que el MP tiene en su contra.
Respecto de las declaraciones de Correa Martínez pidió esperar el desarrollo del juicio “para ver si el Ministerio Público tiene sentada ahí a una persona siendo inocente”.
Los primeros debates se circunscribieron a la oposición de las defensas a que se presenten nuevas pruebas contra los imputados, como solicitaron los abogados del Estado constituidos como actor civil para reclamar una indemnización por daños y perjuicios ascendente a más de RD$23,000 millones.
El incidente fue planteado por Ingrid Hidalgo, como asesora jurídica de la acusada Paola Molina Suazo, al que se adhirieron sus demás colegas, alegando que, conforme a la normativa en esa audiencia preliminar, “no está permitido incorporar prueba que no están en el escrito (querella).
Luego de deliberar, el juez acogió la petición de los representantes de la parte acusadora, mientras la defensa se opuso.
