Los Gobiernos de EE.UU. y Canadá sancionaron este viernes a dos políticos haitianos, a los que acusan de tener vínculos con el narcotráfico y las bandas criminales en el país caribeño.
Las medidas se aplicarán en contra del presidente de Senado Joseph Lambert y el expresidente de la cámara entre 2017 y 2018, Youri Latortue, según precisó un comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU.
«Joseph Lambert y Youri Latortue abusaron de sus cargos oficiales para traficar drogas y colaboraron con redes criminales y de pandillas para socavar el estado de derecho en Haití», aseveró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU., Brian Nelson.
Las sanciones consisten en el congelamiento de los bienes que ambos políticos puedan tener en territorio estadounidense o Canadá. Además, establecen restricciones a sus nacionales para tratar con ellos.
Según el Departamento del Tesoro, el historial de Lambert abarca dos décadas en las que el político habría usado su cargo para «liderar y facilitar el tráfico de cocaína de Colombia a Haití», así como para garantizar la impunidad contra varios capos.
«Lambert también ha ordenado a otros que se involucren en la violencia en su nombre. Su tráfico de drogas, sus tácticas corruptas y su continuo desprecio por el estado de derecho han contribuido a la continua desestabilización de Haití«, continúa el texto en el que también se señala a Latortue de haber tenido participación en este tipo de actividades.
Más en detalle, los señalamientos contra Latortue implicarían su supuesta vinculación con el tráfico de cocaína desde Colombia a Haití.
Entretanto, el Ministerio de Exteriores de Canadá emitió un comunicado para respaldar la medida, ante la presunción de que «estas personas están utilizando su condición de funcionarios públicos anteriores o actuales para proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas, incluso a través del lavado de dinero y otros actos de corrupción».
En el pronunciamiento oficial, el Gobierno canadiense adelanta que prevé la imposición de medidas similares contra «otras personas y entidades«, con el objetivo de «presionar a los responsables de la violencia y la inseguridad en Haití».
