El director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo, resaltó este domingo la importancia de incorporar en la nueva Ley General de Educación, indicadores atinentes a la calidad del gasto, por resultados.
Expuso además, tener en cuenta “el ratio de personal administrativo docente; gastos de capital sobre gastos recurrentes y formación de docentes, junto a la sociedad dominicana”.
Sostuvo haber tomado como una conquista el 4 %, por el dijo estar dispuesta a defenderlo como a una trinchera, aunque consideró sensato, a la luz de los resultados, “condicionar los desembolsos de esos presupuestos al logro de las metas de calidad previamente definidas”.
Recordó que desde el 2013, fecha en la que se comienza a honrar el 4 % del PIB establecido en el artículo 197 de la actual ley, “se han acumulado más de US$27,000 millones destinados a la proporción de la educación administrada por el Minerd”.
A su juicio, “desde el prisma institucional, en el financiamiento de la educación no debiera primar la lógica del gasto, sino de la inversión, procurando y fundamentando que cada peso del presupuesto esté asociado e identificado sobre una cadena de valor”.
Adujo que tales resultados deben conducir “a una mejora integral de los aprendizajes de los estudiantes de todos los niveles, modalidades, subsistemas y ofertas”.
“Para proteger el derecho de los estudiantes y de sus familias para asegurar la continuidad del calendario y el horario escolar, la nueva ley debe limitar la suspensión de jornadas de clases”, proclamó Caraballo.
Significó que la nueva legislación debiera también promover y consagrar una cultura de la evaluación para el sistema educativo, “bajo el supuesto de que no hay caminos de mejora posible sin medir con objetividad procesos, resultados, impactos y desempeños”.
Estimó que cada funcionario, estudiante, autoridades educativas, entidad administrativa y centros educativos públicos y privados “deberán rendir cuenta, sistemática y públicamente, del logro de sus resultados y desempeño ante las autoridades competentes del sistema educativo”.
Sugirió que el nuevo marco normativo ascienda a rango de ley al estatuto docente, el cual también debiera ser ajustado y revisado a la luz de los principios y filosofía que se viene describiendo.
Asimismo, opinó que las regulaciones sobre la formación de docentes, la carrera, las jubilaciones y pensiones, “deberían garantizar la transparencia y el profesionalismo, para que cada maestro o profesor sea recompensado en función de su nivel de desempeño, competencias y compromiso con la causa de la educación”.
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