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Rechazan devolver varios vehículos incautados en caso Coral a Girón

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Rechazan devolver varios vehículos incautados en caso Coral a Girón
Rechazan devolver varios vehículos incautados en caso Coral a Girón

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó la petición de la defensa del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, para la devolución de varios vehículos incautados por el órgano acusador en el proceso que se sigue en su contra por su vinculación a actos de corrupción administrativa en el caso Coral.

“En el día de hoy teníamos cuatro procesos, cuatro solicitudes de peticiones incoadas por abogados del caso Coral, dos de ellas fueron aplazadas. El resultado de las audiencias que fueron conocidas es que la jueza entendió que ciertos bienes que han sido incautados por el Ministerio Público no pueden ser devueltos a quienes alegan tener calidad para reclamar la posesión de los mismos”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó que se trata de bienes que se encuentran ligados al entramado de corrupción y que están sujetos al decomiso por parte del Ministerio Público.

“Así es que el resultado deberá esperar al proceso a la audiencia preliminar, al juicio, donde el Ministerio Público determinará que, efectivamente, estos bienes deben quedar en provecho del Estado dominicano”, refirió, al responder preguntas de periodistas de distintos medios de comunicación luego de que la jueza Yanibet Rivas diera a conocer su decisión.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, titular de la Pepca, Mirna Ortiz, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemus, Miguel Collado y Jonathan Pérez.

Girón Jiménez está vinculado al entramado de corrupción administrativa desmantelado en abril del pasado año con la operación Coral.

Con coral y Coral 5G, el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.