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Autorizan al Pepca “rastrear operaciones financieras” del exministro Donald Guerrero

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Autorizan al Pepca “rastrear operaciones financieras” del exministro Donald Guerrero
Autorizan al Pepca “rastrear operaciones financieras” del exministro Donald Guerrero

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), fue autorizada por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional a tener acceso de los informes financieros para sustentar una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.

En esa dirección, la magistrada Kenya Romero ordenó a las superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la DGII) y el IDECOOP “proveer al director del Pepca, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, así como todas las informaciones tributarias”.

La autorización fija, además, un plazo de vigencia de 60 días, a partir del 23 de agosto pasado e incluye “todas las informaciones que existan en el sistema financiero, como movimientos de cuentas y productos, relativas a pagos y exención de impuestos relacionadas con 209 personas físicas y jurídicas”.

El Ministerio Público investiga a Guerrero Ortiz por los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.

La investigación abarca también al fallecido Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, ex director de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y a Domingo Enrique Martínez Reyes, exmiembro del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

De igual manera, a Simón Lizardo Mézquita, ex administrador del Banco de Reservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, ex director general de Presupuestos y Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex contralor general de la República.

También, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasio Fernández, de ex miembros de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas subordinados al Ministerio de Hacienda.

Según ha trascendido, se identificaron empleados que alegadamente participaron en los hechos, citándose al respecto a Hortensia Arelis Santiago, exanalista de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda y Belkis Tejada Ramírez, ex directora jurídica de la Bienes Nacionales, quien a la vez era responsable de registro y análisis.

Rolando Méndez Morillo, agrimensor de Deuda Administrativa; Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, quien desempeñó funciones de agrimensor de Deuda Pública, siendo oficialmente el coordinador del Plan Nacional de Titulación de la Dirección de Bienes Nacionales y asesor de esa entidad.

También se cita a Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes Nacionales; María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoría interna de la Contraloría General de la República y a Príamo Jiménez Toribio, auditor de la Contraloría.

Asimismo, William Antonio Castillo, soporte administrativo de la División de reconocimiento de deudas administrativas; Joaquín Ernesto Tavares Cabral, agrimensor de la división de reconocimiento de deuda administrativa y a Wilma Esmeralda Rosario Santana, abogada de esa división.

¿Y cómo lo hacían?

Por otro lado y conforme a la autorizada investigación, el modus operandi del supuesto entramado consistía en que bajo las instrucciones del ministro Guerrero Ortiz, “se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80 por concepto de acuerdos transaccionales”.

Con la pesquisa, se identificaron personas que habrían logrado “sustraer RD$17, 300,642,051.07, por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en área protegidas”, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.

El Ministerio Público sostiene que el elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, fue el relacionado a contratos de cesiones de créditos por más de RD$10,500 millones.

Precisa que los beneficiarios eran “personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndose inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”.