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Hay que rediseñar la política criminal del estado con nuevo enfoque

Rafael Guzmán
Rafael Guzmán

Un día del mes de julio del año 2007, mientras desempeñaba la función de Subjefe de la Policía Nacional, recibí en mi despacho una llamada telefónica del Secretario de Estado de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda, a mi entender uno de los mejores y más responsables ministros que ha tenido esa cartera a lo largo de su historia.

El doctor Almeyda me preguntó por el motivo de mi ausencia en la reunión de la Plana Mayor Ampliada de la Policía, que por su sugerencia se realizaba en uno el Hotel Hamaca en Boca Chica. Este encuentro tenía por objetivo expreso discutir sobre los altos índices de criminalidad que abatían el país y que la Jefatura de aquel entonces atribuía a la “percepción” de la ciudadanía.

Además, se analizaban los motivos del incremento indetenible de la inseguridad ciudadana, que colocaban el tema en casi un empate en el primer lugar entre los principales problemas que la población sentía y que se reflejaban en todas las encuestas de opinión pública.

Informándole al doctor Almeyda que no estaba presente en dicha reunión porque no había sido convocado a la misma.

Al secretario Almeyda, a quien no se le escapaba una, tenía conocimiento de mis discrepancias con ciertos puntos de vista profesionales con la jefatura del momento, básicamente en cuanto al enfoque del tema del índice de criminalidad. Terminada la conversación telefónica, minutos después recibía la orden del Jefe de la Policía Nacional para que me integrara a los trabajos, que estaban siendo moderados por la empresa especializada en asesoría estratégica Newlink.

Trascurridas las presentaciones de las principales direcciones generales, regionales, y la del propio jefe policial, escuché con atención cada exposición, en la que aseguraban que los índices de criminalidad habían disminuido en el país, puesto que la “tasa de homicidios” así lo demostraban y que todo ese malestar que exclamaba la gente era atribuido a la “percepción”.

En ese contexto, pedí un turno para emitir mi opinión al respecto, y en mis primeras palabras disentí absolutamente de todo cuanto se había dicho en esa asamblea ampliada y afirmé, responsablemente, que no era “percepción” sino “realidad” lo que la sociedad estaba padeciendo. Añadiendo además, que la “política criminal del Estado” sufría de una especie de “visión glaucomatosa” al enjuiciar el tema de seguridad, o sea, al enfocar mal el “índice de criminalidad”.

Varias semanas después asumía la Jefatura de la Policía Nacional con el gran desafío de afrontar una institución sumida en una “crisis de confianza”, debido a su incapacidad de detener la espiral ascendente de violencia y delincuencia, corrupción de algunos de sus miembros involucrados en actos delictivos y con miembros de las Fuerzas Armadas patrullando las calles, en auxilio en las labores de prevención de la policía.

Era esa una sociedad aterrorizada y, coincidentemente, en un año preelectoral, en donde el tema de seguridad ciudadana era el Talón de Aquiles de la admirable administración que desarrollaba el Presidente, doctor Leonel Fernández, quien era candidato a la reelección.

Transcurridos ocho años de aquellos episodios, increíblemente hoy estamos ante el mismo escenario, dando aquiescencia a la famosa frase del filósofo y ensayista de origen español Jorge Santayana: “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”.

Es por eso que, en momentos en que asume la Jefatura de la Policía el distinguido mayor general Nelson Peguero Paredes, en cuyos hombros están cifradas todas las mejores expectativas para que realice la mejor gestión institucional en beneficio del sosiego de la sociedad dominicana, me permito retomar esta historia con la intención de que los encargados de tomar decisiones, valoren  nuestras humildes experiencias, que desde el 2007 ya defendía en la Plana Mayor Ampliada de la Policía Nacional.

Decía entonces, y sostengo ahora, que la Policía Nacional tenía por sí sola capacidad suficiente para enfrentar la ola de criminalidad y violencia a pesar de sus escasos recursos, y que solo le faltaba “capacidad gerencial”, puesto que entendía, y entiendo, que no existen malos subalternos, sino malos superiores. Por demás, que las fuerzas militares en labores de patrullaje mixto sólo eran necesarias de forma transitoria y en estado de excepción.

A penas una semana después de tomar posesión del cargo, el 24 de agosto del 2007,  anuncié al país, luego de una cordial reunión con el  entonces Secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Antonio Aquino García, que la Policía Nacional asumiría el control del patrullaje preventivo y que los soldados retornarían paulatinamente a sus respectivos cuarteles. (Véase la noticia publicada en el Listín Diario por los periodistas Elías Ruiz Matuk y Pedro Jiménez el 25 de agosto del 2007).

Se reenfocó el tema del “Índice de Criminalidad”, tal como lo esbozaré a continuación, y ya para el año siguiente, 2008, la prestigiosa cadena de televisión CNN difundía un reportaje de la Consultora Mercer International sobre un estudio de ese año, que colocaba a Santo Domingo como la ciudad más segura de América Latina en cuanto a seguridad personal. (Dato comprobable en youtube de CNN-Dinero 2008).

El informe citaba, entre otras medidas que le permitieron llegar a esa conclusión, a una especie de “depuración quirúrgica” a lo interno de la Institución, a fin de   separar de sus filas a los malos agentes y oficiales, a esas lacras que carcomen la buena honra de miles de policías buenos, honestos, sacrificados y trabajadores. En esa depuración fueron separados de las planillas policiales más de 9,000 agentes y se desmantelaron las conexiones internas con el crimen organizado.

Retomando la historia de lo acontecido en el Hotel Hamaca, que dio pie a este comentario, recuerdo que decía en aquel entonces, que la “Política Criminal del Estado” padecía de una especie de glaucoma porque en su visión tubular sólo se enfocaba en la “tasa de homicidios” y erróneamente la presentaban como que era igual al índice de criminalidad, argumentando que el homicidio era el crimen más horrendo de todos y que, además, era de más fácil cuantificación.

Además argumentaba que, igual que el glaucoma, en su visión tubular, perdía la visión periférica, el enfocarse solo en la “tasa de homicidios” se estaba perdiendo la “visión periférica” en no darle la debida importancia a los demás otros delitos o infracciones penales que, en su conjunto, son los que sí definen en verdadero índice de criminalidad.

Tremendo error, que hoy en día se repite.

Empecemos por definir el índice de criminalidad.

Índice de Criminalidad: Es la sumatoria de todas las infracciones penales que se comenten en un país durante un tiempo determinado, dividido por cada cien mil habitantes.

Y el planteamiento real, es que para llegar a esta conclusión deben ser tomado en cuenta no solo el homicidio como único factor para obtener un índice serio de política criminal, sino que además de éste, se deben incluir los demás factores que inciden en la victimización de la sociedad, tales como, robos, atracos, asaltos, secuestros, robos de vehículos, heridos por armas por fuego y armas blancas, entre otros. Por tanto, la verdadera ecuación es la siguiente:

ID=  ? (tasa de homicidios + tasa de robos + tasa de atracos + tasa de asaltos + tasa de secuestros + tasa de robos de vehículos) / 100,000 hab. Por lo tanto, jamás podemos cometer el error de seguir diciendo que: ID= tasa de homicidio. Porque esa conclusión se basa en premisas falsas.

Identificados estos datos porcentuales, el siguiente paso es estudiar, por un lado las causas que los generan para así diseñar las estrategias preventivas adecuadas que lleven a evitar que se cometan los delitos y, por otro lado, determinar la ejecución de las medidas punitivas a fin de focalizarlas puntualmente para la persecución e investigación de aquellos delitos que no pudieron ser prevenidos, para que esos criminales puedan ser apresados y sometidos a la acción de la justicia.

El delito es dinámico y cambiante, por lo que los tipos de infracciones, por ejemplo, que se cometen en el ensanche Naco son distintos a los que ocurren en Capotillo, y los que se registran en Santiago son diferentes a los que se comenten en Barahona.

Por tanto la “medicina” para atacar estos males no puede ser la misma en todas partes, sino dependiendo del tipo de delito y zona de conflicto, y para ello, utilizábamos el sistema integral del mapeo del delito.

En este contexto, resulta evidente que no es “percepción” lo que sufre la sociedad dominicana con la ola de crímenes que se cometen cada día y a cualquier hora, sino que es una dolorosa “realidad”, tal como ha reconocido, de manera responsable, el propio Procurador General de la República, doctor  Francisco Domínguez Brito.

En el campo de la medicina, por ejemplo, no se puede evaluar la salud de un paciente solo basado en el parámetro de que si tiene o no tiene cáncer, con la errónea y miope visión de que el cáncer es la más horrenda de las enfermedades del cuerpo humano.

Lo responsablemente correcto es que el médico le haga una batería completa de análisis clínicos, cuantitativo y cualitativo, de todos los factores que, en su conjunto, componen y determinan  la salud de un ser humano, tales como, presión arterial, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, azúcar, creatinina, examen del colon, etc. O sea, que si se tiene un paciente con elevados niveles de colesterol, alta concentración de azúcar, triglicéridos altos, etc., que aunque constituye un paciente sin cáncer, es como quiera un enfermo de alto riesgo.

Teniendo en cuenta estos elementos, entiendo que no podemos dejar solo al nuevo Jefe de la Policía en esta titánica tarea de interés nacional. Como tampoco al resto de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia, ya que es una  tarea de todo el Estado y de toda la sociedad, en sus diferentes estamentos.

Necesitamos lograr construir una nación dominicana con las debidas garantías para la sostenibilidad del “Estado Social y Democrático de Derecho”, elementos fundamentales para la prosperidad y el desarrollo nacional.

Es en este sentido, exhortamos a  los responsables de la toma de decisiones, a rediseñar la “Política Criminal del Estado” con un enfoque integral y preventivo de las políticas públicas, dejando de ser ciegos ante lo evidente, no olvidando nuestra historia, para no tener que repetirla.

El autor es miembro del Circulo Delta