GUATEMALA. Iván Velásquez ya no puede caminar por la calles de Ciudad de Guatemala sin ser reconocido. Es la nueva celebridad. Cada vez que lo hace, a este alto y estoico jurista de 60 años, con poco pelo, y barba y bigote encanecidos, la gente lo aborda, lo saluda y le agradece que haya puesto de cabeza al gobierno del general guatemalteco Otto Pérez Molina tras destapar varios escándalos de corrupción.
Es una especie de héroe nacional.
En los foros públicos la gente le ovaciona de pie cuando lo escucha, le pide tomarse fotos con él, le sonríen y aplauden, y, a son de broma, le llaman “Iván El temible”. Hasta un grupo de periodistas lo abordó una vez cuando salía de misa en la Catedral Metropolitana.
Aunque Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, no se siente cómodo con la atención, la entiende. El discreto y reservado abogado, que tampoco le gustan los excesivos halagos, puso el dedo en la llaga de la corrupción que afrontaba el país centroamericano y echó a andar la maquinaria de la justicia que alcanzó al propio ex presidente Pérez Molina, que ahora está en prisión y vinculado a un proceso judicial.
La Comisión, instalada en Guatemala en 2007, es un proyecto único en el mundo. Por primera vez un gobierno permite que un ente independiente e internacional investigue el crimen organizado de un país. Por el trabajo de esta Comisión, este último gobierno vio a su presidente derrocado.
La gente dice que es más fácil sacarle agua a las piedras que una palabra de Velásquez. Pero, incluso él, no pudo evitar reaccionar con asombro cuando vio en una computadora las fotografías de la multitudinaria marcha de miles de guatemaltecos en repudio a la corrupción, que apoyaban el trabajo que la Comisión realizaba.
“No alcancé a vislumbrar que esto generara un movimiento de esta naturaleza”, dice Velásquez luego de ver que unas 50.000 personas salieron a las calles el 25 de abril, sólo siete días después que junto a la Fiscal General, Thelma Aldana, anunciaran la desarticulación de una red que recibía sobornos de empresarios para evadir impuestos y que alcanzó las más altas esferas del gobierno.
Se trató de la más impresionante demostración del poder del pueblo en un país tradicionalmente cooptado por el miedo y resignado a padecer la corrupción.
“En una sociedad acostumbrada a que la justicia no funcione y que los privilegiados sean protegidos por la impunidad, (ahora) hay confianza en el quehacer de las instituciones”, dijo Velásquez a The Associated Press.
La lucha contra la corrupción no le es ajena a Velásquez. Cuando llegó a Guatemala en 2013 ya traía como experiencia el combate frontal que hizo en su natal Colombia a las relaciones indebidas de un sector oficialista de la clase política cercana al ex presidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares y a las violaciones a derechos humanos.
Un día cualquiera, en la oficina de Velásquez, se puede presenciar el desfile de funcionarios, políticos, particulares, abogados, periodistas y otros que llegan en busca de información o para compartir algo que saben.
Velásquez supo que el contrabando era uno de los grandes problemas del país, fue entonces cuando le siguió el hilo a una vieja investigación de la Comisión que lo condujo a la red conocida como “La Línea”, en la que funcionarios y particulares recibieron sobornos de empresarios a cambio de que les ayudaran a evadir impuestos.
El escándalo no sólo se tumbó a Pérez Mollina sino también a su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien también está en prisión acusada de pertenecer a la presunta estructura criminal. Por lo menos, cien personas también están bajo investigación.
Desde que se instaló en 2007, la Comisión ha conocido más de 119 casos en su fiscalía especial creada para tratar delitos de alto impacto, entre ellos los temas de corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros. El equipo de Velásquez también elaboró un informe sobre el financiamiento político en el país y estimó que al menos el 25% proviene del narcotráfico.
Para sus seguidores, él es incorruptible.
“Es un hombre íntegro, no es un hombre que le guste jugar a la política, es estrictamente jurídico y técnico”, dijo la activista de derechos humanos, Helen Mack.
Para sus críticos, su cruzada anticorrupción es un tema de egos y reconocimiento personal.
“Ellos han buscado un protagonismo”, dice Pérez Molina en referencia a Velásquez y a la fiscal general. “Los hemos visto haciendo rondas en los medios de comunicación, creo que ese no es el papel de un juez, ni de una fiscal”.
A sus inicios, Velásquez se distinguió como un abogado en Medellín, Colombia, en una época en la que varios de sus colegas fueron asesinados durante el sangriento régimen del terror impuesto por Pablo Escobar. Electo presidente de un gremio local de abogados, defendió a activistas de derechos humanos y se opuso a un sistema que utilizaba jueces anónimos para juzgar casos de narcotráfico.
Llegó a ser procurador del departamento de Antioquia, luego fue electo Director Regional de Fiscalías en Medellín, justo cuando su futuro némesis, el ex presidente Álvaro Uribe, fue elegido gobernador de ese departamento y empezó a promover grupos de autodefensas considerados los precursores de las bandas paramilitares de extrema derecha.
Cómo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia colombiana, coordinó de 2006 a 2012, la Comisión de Apoyo Investigativo que se encargó de poner a más de 50 congresistas y aliados de Uribe en prisión por coludirse con paramilitares, especialmente en temas políticos, pero también por otros crímenes incluidos asesinatos.
Velásquez también jugó un rol en la investigación al DAS, la agencia local de inteligencia de Colombia que fue desmantelada en 2011, luego de descubrirse que espiaban a jueces, periodistas y políticos. Velásquez fue, incluso, uno de los espiados.
Las investigaciones le valieron el enojo y el repudio de Uribe.
“Es mutuo”, dice Velásquez.
Muchos creen que el éxito y su incorruptibilidad arruinaron su deseo de ser nombrado magistrado y en 2012 renunció a la Corte Suprema después de haber sido retirado como el investigador principal de la parapolítica. Tiempo después, dijo que Colombia carecía de la voluntad política para hacerle frente a la corrupción como si la tuvo Guatemala recientemente.
“El problema son las interferencias externas en los órganos de investigación” le dijo al periódico El Tiempo de Colombia. “La presión les impide actuar en la forma que deberían”.
Velásquez disfruta de la música bolero, es alérgico al aire acondicionado, visita a su familia en Colombia al menos una vez al mes, y cuando regresa a Guatemala viene cargado de nostalgia y de energía para continuar con sus investigaciones.
El comisionado iba a quedarse sólo dos años al frente de la Comisión, un ente de Naciones Unidas creado por un acuerdo con Guatemala en 2007 con la misión de desarticular cuerpos de seguridad y aparatos clandestinos incrustados en el estado guatemalteco.
Al menos esa era la idea que Pérez Molina tenía para el ente investigador. Cuando las investigaciones sobre corrupción empezaron a rondar el círculo cercano del Presidente, la maquinaria de la impunidad empezó a andar y el mandatario y otros actores empezaron a hablar sobre el fin del mandato de la Comisión.
Empezó entonces una batería gubernamental para intentar dar por terminada las investigaciones de Velásquez y forzar a que el final del mandato fueran nada más en “trasmisión de capacidades” a la fiscalía.
Pero Pérez Molina tuvo que recular el 23 de abril, solo siete días después de que Velásquez, junto a la Fiscal Aldana, anunciaran la desarticulación de “La Línea”, que lideraba Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Baldetti.
Velásquez ahora planea quedarse en Guatemala hasta el 2017, aunque continuará haciendo enemigos.
El candidato presidencial, Manuel Baldizón, que lideró la mayoría de encuestas antes de las elecciones presidenciales y que tiene por lo menos seis congresistas de su partido investigados por la Comisión, es uno de sus enemigos. Ha dado a entender que no quiere a Velásquez en la Comisión y que buscaría reemplazarlo si asume la Presidencia.
En medio de disgusto generalizado por la corrupción, Baldizón parece estar en tercer lugar de las elecciones realizadas en Guatemala el domingo, lo que lo dejaría fuera de una segunda vuelta. Agencias
