Quito (Ecuador).- La Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador rechazó el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, que obliga a Ecuador a indemnizar con 106 millones de dólares a la petrolera estadounidense Chevron con base en el tratado bilateral de inversiones, en vigor desde 1997.
La resolución confirma el veredicto de un tribunal de arbitraje de La Haya (Holanda) que determinó que el tratado comercial suscrito entre ambos países protege las inversiones que el gigante energético hizo en el país suramericano.
La Procuraduría, en un comunicado, indicó que no descarta recurrir ante el pleno de la Corte Distrital o ante la Corte Suprema de EE. UU. para pedir «que esta decisión se deje sin efecto».
Entre 1991 y 1993, Texaco, luego adquirida por Chevron, presentó seis demandas contra Ecuador por supuestas violaciones de un acuerdo conjunto para la exploración de petróleo, sobre las que la Justicia ecuatoriana nunca emitió sentencia.
En 2006 Chevron se acogió al tratado de protección de inversiones y presentó una demanda contra el Estado de Ecuador ante el tribunal de La Haya.
Según recoge el fallo de este martes, bajo este tratado, Ecuador ofrecía a los inversores estadounidenses la oportunidad de intervenir en los litigios en los que se vieran involucrados, siempre que estos conflictos se dieran posteriormente a la entrada en vigor del tratado en 1997.
Por ello el Estado ecuatoriano argumentó que no debía pagar a Chevron, tal y como pedía la empresa, porque la relación entre ambos terminó en 1995, dos años antes de que entrara en vigor el tratado de inversiones.
Según la Procuraduría ecuatoriana, la Corte de Apelaciones de Columbia «se ha negado a aplicar la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos, que les hubiese obligado a examinar la existencia de un tratado de protección de inversiones que ampare a Chevron».
«De haberlo hecho, seguramente habrían encontrado la incongruencia de proteger una inversión que terminó antes de la vigencia del Tratado», añade la nota.
Sobre este asunto, la Unión de Afectados por Texaco (Udapt), que por su parte ha impulsado un proceso ambiental contra Chevron, demandó que se aplique un embargo judicial sobre el monto definido en la Corte de Columbia, para que sean los perjudicados quienes reciban la indemnización.
La Corte ordena a Ecuador una indemnización de 96 millones de dólares, pero según un portavoz de Chevron la cifra asciende a 106 millones de dólares por los intereses generados por el retraso en el pago.
Los afectados argumentaron en un comunicado que el embargo es parte de una sentencia de los tribunales del país andino, que condenó a la petrolera al pago de 9.500 millones de dólares por los daños ambientales causados durante sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana, entre 1964 y 1990.
Sin embargo, ante esa condena, la multinacional llevó el caso a los tribunales de Nueva York y denunció presuntas irregularidades en el juicio celebrado en Ecuador.
Un juez federal falló a favor de la empresa al determinar que hubo una supuesta «conspiración» entre el abogado Steven Donziger, representante de las comunidades indígenas supuestamente afectadas, y un juez ecuatoriano.
El abogado Pablo Fajardo, defensor de los demandantes en ese juicio, argumentó que «sería injusto» que, tras haber causado Chevron «el peor daño ambiental de forma intencional», el Estado tenga que pagar a la compañía «y deje de hacerlo a sus ciudadanos».
El coordinador de la Udapt, Humberto Piaguaje, dijo que los 106 millones de dólares se usarían para reparar más de 480.000 hectáreas contaminadas, lo que mejoraría las condiciones de vida de la población de la zona, que sufre altos índices de enfermedades relacionadas con los químicos usados en los procesos de producción petrolera, como el cáncer. Agencias
